Los documentos que detallan el trabajo de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, reflejan una grave y muy peligrosa vinculación de esta unidad de acoso y derribo contra jueces, fiscales, UCO y hasta periodistas que investigan los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Un vinculación directamente con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil", como se señaló expresamente en la reunión mantenida el 10 de marzo de este mismo año.
Hasta ahora se sabía que Leire Díez y otros miembros de la cloaca del PSOE habían ofrecido favores en nombre de la Fiscalía. Los documentos a los que ha tenido acceso este diario no sólo avalan ese hecho sino que multiplican la gravedad. Y es que los miembros de la cloaca ofrecieron encuentros directos con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil". Los documentos no confirman la posterior materialización de esos ofrecimientos, pero sí apuntan a una utilización de cauces presuntamente ilegales al más alto nivel. Un nivel difícil de comprender sin el conocimiento y la implicación política del Gobierno.
El objetivo de la cloaca era frustrar las actuaciones judiciales que se llevan en estos momentos contra los casos de corrupción que acosan al PSOE, el Gobierno y rodean por todos los flancos al presidente Sánchez. Para ello la cloaca estableció una estrategia de acoso y derribo contra los protagonistas de las investigaciones judiciales con el fin de desacreditar su labor profesional y lograr la nulidad de las actuaciones alegando su falta de imparcialidad, vulneración del derecho a la defensa, etc.
Rebajas de condenas
Pues bien, en esa línea, el primer paso que daba la cloaca era el de seleccionar candidatos inmersos en causas penales que pudiesen aportar su información o denuncias desde su experiencia -real o falsa- personal para construir, en base a ese material, cadenas de difamaciones contra los miembros judiciales, de la Guardia Civil, Anticorrupción que cumplen con su función de investigación judicial en los casos del PSOE. ¿Y cuál era el premio a cambio? A cada potencial informador se le ofrecían rebajas en las acusaciones de la Fiscalía, ayuda en sus procesos y respaldo oficial para rebajar su presumibles condenas.
Uno de los documentos resumen de aquellas reuniones relata a la perfección la dinámica de trabajo y colaboración ofrecida a esos potenciales informadores: "Me plantean 3 opciones", La primera afectaría a la Fiscalía comandada por el fiscal general ahora imputado y en fase de procesamiento Álvaro García Ortiz: "Que me reúna con Fiscalía para que le cuente la dinámica de funcionamiento de la JI Y UCO".
La segunda afectaría a la Polícía Nacional bajo responsabilidad final del ministro Fernando Grande-Marlaska: "Que me ponen a CNP para destapar todo lo que la UCO-GC no está sacando/contando en todas estas causas judiciales y que también irían contra la GC con toda la información que tienen ellos junto a la que yo pueda contarle".
Y la tercera afectaría presuntamente, según ese documento, a la cabeza política de la Guardia Civil, su directora, Mercedes González: "Que sea la mano derecha de la Directora de la GC para que le cuente la dinámica de trabajo de la GC y lo que está pasando en las unidades referenciadas para poder ellos tomar medidas".
La fecha de la reunión es el 10 de marzo de 2025. Y Mercedes González ha tenido dos periodos de mandato al frente de la Benemérita. El actual, desde el 17 de septiembre de 2024, puesto en el que continúa en estos momentos. El primero, entre el 28 de marzo y el 14 de junio de 2023, con el fin, en aquel momento, de sustituir a María Gámez, quien fue apartada del cargo tras ser imputado su marido en una ramificación del caso ERE. Tras dejar el cargo en esa etapa, ocupó el puesto al frente de la Guardia Civil Leonardo Marcos, quien apareció vinculado en una conversación de Koldo García Izaguirre a determinadas ayudas dadas supuestamente a la trama socialista -este punto fue negado más tarde por los afectados-.