Ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves los nombramientos de los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, los candidatos apoyados por el sector conservador, como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), respectivamente.
La cuestión no es menor, pues, la Sala de lo Penal es la encargada de investigar y juzgar aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados -como José Luis Ábalos-, entre otros altos cargos, como el -imputado- fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos planteados.
En dos reales decretos firmados por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se oficializan así los nombramientos de Martínez Arrieta y Lucas como presidentes de las salas Segunda y Tercera del Supremo, cargos que ocupaban ya de forma interina tras la retirada el pasado mes de julio de sus únicas contrincantes, Ana Ferrer y Pilar Teso, para desencallar ambos nombramientos en puestos clave.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó el 23 de julio estos nombramientos, después de que Martínez Arrieta recibiera 15 votos y Lucas otros 16, incluido el voto para ambos de la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló. El resultado reflejó un apoyo transversal de los bloques conservador y progresista del Consejo que, por otro lado, era necesario, dado que se requerían al menos 13 votos para que estos nombramientos salieran adelante.
El bloque progresista del órgano de gobierno de los jueces explicó en una nota, que facilitaron los nombramientos de Martínez Arrieta y Lucas por "lealtad institucional", enfatizando que "en ningún momento" habían dudado de "su valía". Sin embargo, lamentan que han "perdido una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo", dijeron, en alusión a que buscaban que "al menos una" hubiera sido elegida "para hacer efectiva la ley de paridad".
Así, incidieron en "el desequilibrio" existente en "los puestos decisorios" y defienden que, en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en los nombramientos discrecionales debe garantizarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de modo que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40%.
El pasado octubre fue cuando el CGPJ convocó estas y las otras dos presidencias del TS que estaban vacantes: las de las salas de lo Civil y lo Social. Meses después, en febrero, el Consejo decidió dividir esas dos plazas para poder avanzar en la política de nombramientos, situando al conservador Ignacio Sancho -candidato único- en la Sala Primera y a la progresista Concepción Ureste en la Sala Cuarta, descartando así a su rival conservador Juan Molins. Desde entonces y hasta julio, el CGPJ intentó en varias ocasiones desbloquear los otros dos nombramientos en salas consideradas clave para la justicia española.