La intensa agenda judicial que afecta al entorno de Pedro Sánchez no le dará respiro en su regreso de las vacaciones que ha disfrutado en La Mareta y Andorra. Para empezar, el 5 de septiembre se celebra la apertura del Año Judicial en la que, por primera vez, un Fiscal General del Estado imputado, Álvaro García Ortiz, presenta la memoria de delitos anuales cuando está siendo investigado por varios delitos. A ello se suma un calendario muy difícil la semana siguiente, coincidiendo con el polémico Pleno convocado en la Diada.
El 8 de septiembre comparecerá en el Senado Leire Díez, la fontanera del PSOE imputada por espiar a la UCO y chantajear a la Fiscalía. Está obligada a acudir al requerimiento hecho por el PP, aunque su procesamiento judicial permite que no responda a las preguntas de la oposición. El 9 de septiembre la Comisión Europea analizará a puerta cerrada la corrupción en España. Ese día ha citado a la responsable del Grupo de Estados contra la Corrupción.
La semana no termina ahí. El 10 de septiembre comparece como imputado en los juzgados Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente. Al día siguiente, el 11 de septiembre, será el turno de la propia Gómez, que ha solicitado suspender su comparecencia ante el juez Peinado. En medio de estas citas se celebrará el polémico Pleno que el Gobierno pretende suspender por la Diada. Recuerdan que se suspendió el celebrado durante el Congreso del PPE, que la Mesa canceló a regañadientes y tras una fuerte polémica.
La Diada y el miedo a Junts
Esta vez, Sánchez sólo busca cancelar la última de las sesiones, la del jueves 11 de septiembre, en la Diada, que coincidiría con las votaciones de los asuntos agendados esa semana y cuyo debate se produciría el martes 9 de septiembre y el miércoles 10. La Junta de Portavoces de la semana que viene decidirá qué asuntos van a ese Pleno, tan relevante ahora que el Gobierno ha demostrado su interés por que estén presentes Junts y ERC, que se ausentaron en la Diada del pasado año, propinando una derrota parlamentaria al Ejecutivo.
En duda, por tanto, qué leyes pretende debatir en el inicio del período de sesiones. Hay que tener en cuenta que la Ley Bolaños se quedó guardada en un cajón al finalizar el curso político, dada la falta de apoyos para aprobarla. El Gobierno tenía intención de acelerar su tramitación en pleno cerco por la corrupción pero la negativa de Carles Puigdemont acabó frenando la pretensión del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha tenido que enfrentarse a la primera huelga de jueces y fiscales de la democracia por esta norma.
No sería descartable que, coincidiendo con una semana horribilis para Sánchez por este tema, el presidente presente en el Parlamento un acuerdo cerrado para sacarla adelante y venderla como el dique de contención contra "la campaña de acoso que dirigen la ultraderecha y los pseudomedios" contra Álvaro García Ortiz y Begoña Gómez, a los que el Ejecutivo presenta como víctimas.