La cloaca del PSOE no sólo ofreció un trato preferente de la Fiscalía para quienes colaborasen en sus objetivos de bloquear y frustrar las investigaciones de corrupción que cercan al entorno del Gobierno, el PSOE y Pedro Sánchez. No sólo prometió a quienes atacasen a la UCO el necesario apoyo judicial para librarse de los casos en los que estuviesen ellos mismos imputados.
Todo eso es de una gravedad extrema y afecta a instituciones como la Fiscalía comandada por el imputado y en fase de procesamiento, Álvaro García Ortiz. Pero es que, además de todo ello, la cloaca comandada por Santos Cerdán y Leire Díez prometió una competencia donde el apoyo policial es decisivo: el trato como "testigo protegido" para librarse de cualquier problema y disfrutar hasta de un sostenimiento económico a cambio, eso sí, de cargar contra la Guardia Civil que está siendo decisiva en las investigaciones de la presunta corrupción socialista y de los golpistas catalanes.
El ofrecimiento figura en uno de los documentos a los que ha tenido acceso Libertad Digital y que plasman lo hablado en las reuniones más recientes de la cloaca. El párrafo en cuestión aparece en una de esas actas del encuentro de la cloaca del 26 de marzo de este mismo año 2025. "Quiere que me apremie a hablar con urgencia para poder empezar antes de finales de abril con la apertura de diligencias por parte de CNP y que no lo deje pasar más. La propuesta que me hace es que CNP me tome declaración como testigo protegido para declarar contra la GC", destaca ese párrafo. Es más, "concretamente contra la UCO, sus mandos y otros de la JI así como el Coronel Corbi y Tecol Basileo".
Un documento interno
El coronel Corbí era el jefe de la UCO y uno de los primeros cesados por orden de Pedro Sánchez. Basileo, por su parte, parece ser Basilio Sánchez, uno de los más activos en la investigación al golpismo separatista catalán.
Pero, al margen del tradicional señalamiento de UCO o mandos de la Guardia Civil, ya habitual en los documentos y acciones de la cloaca, en esta ocasión llama la atención el ofrecimiento del trato como "testigo protegido". Y es que esa potestad depende de una amplia complicidad o respaldo por parte de la Policía y sus informaciones, un área donde la palabra de su ministro Fernando Grande-Marlaska tiene una enorme importancia.
Y no se trata de la primera anotación que apunta hacia el Ministerio del Interior. Ese mismo documento que relata el contenido de las reuniones más recientes de la cloaca del PSOE en 2025 contiene otra frase especialmente delicada. En ese documento se deja constancia de una alusión de Leire Díez a una conversación mantenida por Víctor de Aldama con su abogado Choclán desde la prisión de Soto del Real.
Las conversaciones intervenidas
El escrito no das más detalles, pero el temor se ha implantado en el equipo jurídico de Aldama ante la posibilidad de que haya habido escuchas de conversaciones entre Aldama y su abogado, algo que podría vulnerar el derecho a la defensa y el secreto de las comunicaciones entre cliente y letrado.
El párrafo en cuestión señala lo siguiente: "Hubo una llamada que Leire dice que escuchó personalmente donde Choclán invitaba a Aldama a hablar contra los intereses del Gobierno del Partido Socialista". El documento puntualiza más y señala que "podría haber sido una llamada estando Aldama en la cárcel dado que las llamadas pueden estar intervenidas".
Lo cierto es que esa posibilidad de intervención está radicalmente limitada para no rozar el derecho a la defensa del imputado. Y que, en este caso, debido a que se aludió a esa conversación, se habría violado la más mínima cautela y protección de los derechos de Aldama en Soto del Real.