
Coincidiendo con la entrega del Gobierno a Junts el avance del catalán en la atención al cliente y la insistencia del Ejecutivo por convertirlo en lengua oficial de la Unión Europea, como moneda de cambio, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha resbalado este lunes durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al afirmar que las negociaciones en Bruselas se resuelven "en una lengua común, sin intérpretes", refiriéndose al inglés.
Una afirmación que, aunque dirigida contra el Partido Popular, "a Bruselas hay que ir sabido, y sabiendo, lo digo por los que pretenden cambiar el mundo hablando esperanto, en el Partido Popular Europeo, saben ustedes lo que pienso", ha dicho, choca frontalmente con una de las exigencias impuestas por Junts a Pedro Sánchez para mantener su apoyo parlamentario.
Esta declaración se produce el mismo día en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se reúne con el fugado Carles Puigdemont para tratar de reconducir las relaciones con el partido independentista, en un nuevo gesto de cesión por parte del Ejecutivo. Este encuentro no solo coincide con la próxima votación en el Congreso para transferir las competencias en materia de inmigración a la Generalidad, sino también con la intención del Ejecutivo de presentar unas Cuentas Públicas para 2026 condicionadas, una vez más, al respaldo de Junts.
El Gobierno lleva meses ejerciendo presión sobre los Estados miembros de la Unión Europea, sobre todo Alemania, para que respalden la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias. Sin embargo, la ofensiva diplomática encabezada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha cosechado escasos frutos, incapaz de obtener la unanimidad necesaria entre los Veintisiete.
Acusando al Partido Popular de "boicotear" la oficialidad del catalán en la UE, Albares ha reiterado en varias ocasiones que la inclusión de las lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico europeo "es un camino irreversible y se conseguirá". Un anhelo político que responde, más que a un consenso europeo, a la necesidad interna del Gobierno de asegurar el respaldo de Carles Puigdemont.

