Tras la reunión mantenida el día anterior entre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Puigdemont, Bolaños ha insistido en que es necesario "seguir hablando con los grupos parlamentarios", incluido el partido separatista catalán, para poder alcanzar un acuerdo presupuestario.
Con estas declaraciones, el Ejecutivo vuelve a dejar clara su estrategia: aferrarse al poder a toda costa, incluso al precio de blanquear a un político huido de la Justicia y requerido por su implicación en el golpe separatista de 2017.
El acercamiento con Junts —lejos de ser una excepción— se consolida como una vía preferente del Gobierno, aún a riesgo de debilitar el Estado de Derecho y someter las decisiones clave del país al chantaje de los independentistas.
Desde la oposición se interpreta este movimiento como una nueva cesión del PSOE, que sigue dispuesto a intercambiar la estabilidad parlamentaria por la impunidad y el privilegio de quienes atentaron contra la unidad de España.