A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere minimizar el escándalo de los brazaletes que protegen a las víctimas de violencia machista, este fue advertido en varias ocasiones de los fallos que estaba generando el sistema Cometa y que dejaban desprotegidas a aquellas mujeres que habían interpuesto una denuncia contra su pareja.
En este caso ha sido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que ha reconocido que advirtió de los sucesivos problemas al Ministerio de Igualdad de Ana Redondo hasta en dos ocasiones: la primera el 8 de enero de este mismo año y, segunda, poco más de un mes después, el 21 de febrero.
Según han adelanto fuentes jurídicas este lunes a El Español, los oficios fueron enviados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, a cargo de la magistrada Esther Erice; a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dirigida por Carmen Martínez Perza, alto cargo de la cartera de la socialista Redondo.
Manipulaban los dispositivos sin ser detectados
El aviso hacía referencia a las quejas de órganos judiciales de Andalucía y advertía de las incidencias y fallos en los dispositivos de protección ante los maltratadores machistas. Estos eran: la no detección de la manipulación de los dispositivos, fallos en la geolocalización de las víctimas y los agresores, pérdidas de señal o cobertura y problemas con las baterías de los dispositivos.
Además, los fallos de las Audiencias provinciales venían avisando desde el mes de marzo que se estaban produciendo fallos en las pulseras antimaltratadores. De hecho, los "fallos técnicos" fueron recogidos en las conclusiones de unas jornadas de estos organismos judiciales celebradas en Las Palmas, en las que se aseveraba que estas incidencias tenían que ver con "localizaciones erróneas o incluso con manipulaciones de los investigados". Los presidentes de las Audiencias provinciales pedían un aumento de fondos y técnicos destinados al sistema Cometa con el objetivo de que se corrigiera la desprotección de las víctimas.
El aviso de la Fiscalía
Estos no son los únicos avisos que ha recibido el Ministerio de Redondo ; sino que la Fiscalía General del Estado ya aludía en su memoria de 2024 a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió que los juzgados pudiesen analizar quebrantamientos de penas de alejamiento, por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024.
Sin embargo, el Gobierno no ha esclarecido el problema de las pulseras hasta cambiar el operador adjudicatorio del servicio de pulseras desde la tecnológica Telefónica a Vodafone. En esta transición, se han perdido los datos de seguimiento de varios meses que han conducido al sobeseimiento temporal de algunos casos y a absoluciones en otros.