Fernando de Rosa, expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y actualmente diputado del Partido Popular, ha intervenido en el programa La Noche de Cuesta de esRadio, donde ha analizado las conclusiones preliminares de la visita de la Comisión de Venecia a España, así como la situación actual de la justicia y el papel de la Fiscalía General del Estado.
La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, ha mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios durante su visita a Madrid. Según ha revelado Fernando de Rosa, los miembros de la Comisión "escucharon en vivo y en directo cómo, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña o el grupo de Sumar insultaban a tantos jueces".
🔴 Fernando de Rosa, ex presidente del CGPJ en la #NocheDeCuesta:
"La Comisión de Venecia escuchó como el grupo de Junts, Esquerra, o Sumar insultaban directamente a los jueces"
"El PSOE no se atrevió públicamente a decir lo que dijo por ejemplo Sánchez en RTVE" pic.twitter.com/pWUM4i53Ow
— La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 22, 2025
El diputado ha insistido en que los calificativos no fueron exagerados: "Dijeron que en España los jueces eran fascistas, que los jueces estaban politizados y que los jueces estaban al servicio de, pues no sé qué tramas".
Preocupación en Europa
De Rosa también ha señalado que "ya en el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) se basa en los datos que le da la Comisión de Venecia, dice que en España hay un grave problema de ataques a la independencia de los jueces y también un grave problema de dependencia de la Fiscalía por parte del Gobierno".
El magistrado ha vinculado estos hechos con decisiones recientes del Tribunal Constitucional, especialmente en el caso de los ERE. En este sentido, ha subrayado que "el dinero de la corrupción era dinero directamente destinado a la corrupción de determinados políticos socialistas".
Respecto a la polémica sentencia del Tribunal Constitucional, ha señalado que "es una tesis bastante fantasiosa" pensar que los presidentes autonómicos no pueden prevaricar o malversar.