Como si de un propósito de Año Nuevo o una promesa de inicio de semana se tratase, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó el pasado 1 de septiembre, al abrir el curso político, su firme intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado tras dos años sin ni siquiera intentarlo, debido a la falta de apoyos parlamentarios. Sin embargo, a apenas unos días de que concluya septiembre, y tras un mes entero, Sánchez vuelve a incumplir su palabra y el mandato constitucional que exige la presentación de las cuentas públicas en tiempo y forma.
Este nuevo retraso no preocupa al Ejecutivo que empieza a asumir que el techo de gasto, trámite imprescindible para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, podría no salir adelante. Aun así, desde el Ministerio de Hacienda insisten en que no están dispuestos a seguir perdiendo tiempo. "Voy a llevar la senda dentro de poco y posteriormente seguiremos todos los trámites por tanto estamos en el proceso justo de elaboración del presupuesto", aseguró la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Fuentes oficiales de Moncloa restan preocupación ante la eventualidad de que no se apruebe la nueva senda de déficit. En ese supuesto, aseguran que el Ministerio de Hacienda se basará en la última senda vigente, correspondiente a la legislatura anterior, para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno se arriesga a una nueva prórroga y por lo tanto a un nuevo incumplimiento. La Constitución obliga al Gobierno a presentar el proyecto de Presupuestos al Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de que terminen los presupuestos vigentes, que ya han sido prorrogados en dos ocasiones, fijando el plazo máximo en el 30 de septiembre. No obstante, todo indica que el Gobierno no llevará las cuentas al próximo Consejo de Ministros.
El Ejecutivo no considera grave no presentarlos respetando los plazos legales, pero admiten que no quieren que el calendario se les eche encima. Por ello, el Gobierno trabaja en recomponer los puentes con sus socios de investidura, especialmente con Junts y Podemos, a base de nuevas cesiones. "Confío en que entiendan la importancia de apoyar al Gobierno", señalan fuentes gubernamentales.
Tras aceptar que el buque de la Armada Furor escolte a la ‘flotilla de la paz’, como solicitó por carta la líder de Podemos, Ione Belarra, al presidente del Gobierno, el Gobierno ve "margen de maniobra" y "flexibilidad en la negociación", con Junts pese al revés en la cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña, tumbada por los morados y varios diputados de Sumar. Además, desde Junts no dudan en volver a agitar el debate sobre la financiación autonómica en clave electoral, conscientes de que ese terreno ya ha sido previamente negociado y pactado entre el PSOE y ERC.
Desde el Ejecutivo aseguran estar dispuestos a cumplir con los compromisos recogidos en el pacto de investidura con la formación de Carles Puigdemont, y confían en que el resto de sus socios parlamentarios "puedan reflexionar". En Moncloa advierten que "ahondar" en las diferencias no favorece la estabilidad de la legislatura, y apelan a la responsabilidad.