La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha salido al choque con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para defender el aborto, dijo hace un año y medio que no se podía blindar en la Constitución porque "no se daban las condiciones". Fue su reacción a la medida aprobada en ese momento por Francia, primer país en incluirlo como derecho en su Carta Magna.
"Lo importante es que las mujeres puedan ejercer el derecho al aborto en todo el territorio y que lo ejerzan con libertad". "Es ahí donde vamos a centrar nuestros esfuerzos", aseguró en vísperas del 8M que se celebró en 2025. "Nuestra reforma constitucional que afecta a los derechos fundamentales exige unos consensos amplísimos", explicó para defender que no era necesario blindar el aborto en la Constitución, porque además no se daba la mayoría necesaria.
De Gaza al aborto
A pesar de que las condiciones no han cambiado un ápice, el Gobierno se descuelga ahora con una propuesta que tiene más de propaganda que de necesidad real, y más en estos momentos. Y es que la causa de Gaza ha acabado siendo motivo de disputa en la izquierda, en lugar de reunir a todos los socios en torno a un asunto con el que Pedro Sánchez buscaba coger aire.
Este asunto, de hecho, podría llevar al Ejecutivo a sufrir una nueva derrota parlamentaria el próximo martes, cuando se vota el decreto del embargo de armas a Israel, que no cuenta con el visto bueno de Podemos o de ERC por considerarlo insuficiente. Junts ha optado por apoyarlo y dejar en manos de los socios de izquierdas la decisión sobre su convalidación.
El anuncio tiene lugar, además, en plena polémica por las pulseras antimaltrato, que llevaron el pasado miércoles a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a comparecer en el Senado. La titular de esta cartera defendió en todo momento su actuación y ni siquiera pidió disculpas a las víctimas, tampoco por haber dicho que "al menos no había habido ninguna asesinada" mientras llevaban estos dispositivos. En un primer momento llegó a negar el fallo.
La decisión de blindar el aborto ha sido anunciada por el Gobierno en un mensaje a medios, en lugar de dejar en manos de la ministra de Igualdad la comunicación de esta medida. Ningún miembro del Ejecutivo acompañó tampoco a la ministra en su comparecencia en la Cámara Alta, días después de que ERC facilitara con su voto su reprobación en el Congreso, lo que evidencia que está cada vez más cuestionada.