El caso de un joven de 19 años que iba a ser trasladado a Extremadura como menor no acompañado ha encendido todas las alarmas en el proceso de redistribución de menores inmigrantes entre comunidades autónomas. Tras la suspensión de ese traslado, el Gobierno resta importancia al suceso y ha admitido que podrían detectarse más casos similares entre los menores aún pendientes de reubicación.
Ante esta eventualidad, fuentes gubernamentales se felicitan por contar con un "protocolo de determinación de edad" que se activa en aquellos casos en los que existen dudas razonables sobre la minoría de edad del inmigrante. Aseguran que el sistema es plenamente "garantista" y subrayan que, una vez se constata la mayoría de edad, el caso pasa de forma automática al procedimiento ordinario para adultos.
No obstante, fue la propia Junta de Extremadura quien dio la voz de alarma al detectar una "discrepancia" entre la edad declarada por el joven y la que figuraba en la documentación oficial. En lugar de asumir el fallo y activar un protocolo de revisión que garantice la correcta identificación del resto de menores inmigrantes pendientes de traslado a las comunidades autónomas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha optado por desviar la atención y atribuir el error a la "irresponsabilidad" del Partido Popular, aludiendo al bloqueo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería por parte de la oposición.
El incidente ha generado un notable malestar en varias comunidades autónomas, que acusan al Ejecutivo de actuar con "dejadez" en la gestión de estos traslados y exigen garantías más estrictas en los procesos de identificación y verificación previos. Sin embargo, lejos de aportar transparencia, la ministra de Infancia, Sira Rego, se ha limitado a confirmar que los traslados ya han comenzado, sin ofrecer datos concretos sobre el número de menores reubicados ni sus destinos, amparándose en criterios de "discreción y confidencialidad".
El reparto forzoso de 4.400 menores inmigrantes fue fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Junts, basado en una métrica que favorece de forma evidente a Cataluña frente a otras comunidades autónomas, como Madrid. Según lo pactado, la Comunidad de Madrid deberá acoger a cerca de 700 menores, mientras que Cataluña apenas recibiría entre 20 y 30.