El Partido Popular lleva tiempo fiscalizando la labor de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por sus polémicas campañas publicitarias o el escándalo de las pulseras, a lo que se une ahora que pida blindar el aborto en la Constitución cuando hace un año y medio rechazó esta medida. El grupo de Ester Muñoz ha registrado en el Congreso una propuesta, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, para crear una auditoría sobre el sistema de rastreo de los maltratadores, tras los errores detectados.
La Proposición no de Ley para su debate en Pleno exige al Gobierno la realización de una "auditoría integral" sobre las pulseras para "conocer el impacto de la pérdida de datos"; "conocer los informes de las empresas contratadas"; "saber los detalles de los nuevos dispositivos adquiridos"; "información sobre los contratos suscritos"; "los motivos por los que se adquirieron" o "conocer si los dispositivos actuales son fiables".
El PP reclama, además, que se establezcan "mecanismos de supervisión permanente, con participación de las diferentes administraciones concernidas, para garantizar la fiabilidad del sistema y prevenir futuras incidencias" y que se refuerce "la información en los juzgados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre el uso y control de estos dispositivos, y las mejoras realizadas, asegurando una respuesta rápida ante cualquier fallo técnico".
El partido ha registrado, también, una batería de preguntas para obtener respuesta por escrito:
1- ¿Puede el Ministerio de Justicia detallar cuántos procesos judiciales relacionados con órdenes de alejamiento se han visto afectados por esta anomalía desde marzo de 2024 en la provincia de Lugo? ¿Cuántas absoluciones y sobreseimientos provisionales se han producido en la provincia de Lugo como consecuencia directa de la imposibilidad de acceder a información crítica de seguimiento telemático?
2- Asimismo, ¿qué protocolos y medidas ha implementado el Ministerio de Justicia para garantizar que esta situación no se repita, y qué apoyo se está prestando a las víctimas de la provincia de Lugo para asegurar que no sufran perjuicios adicionales por estas fallas en el sistema?
3- ¿Tiene conocimiento de cuántas víctimas de violencia de género de la provincia de Lugo han solicitado a las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia la retirada de los dispositivos de seguimiento telemático del cumplimiento de la orden de alejamiento? ¿Qué razones han alegado? Se solicitan los datos desglosados desde el año 2023 hasta la actualidad.
4- Finalmente, considerando la responsabilidad compartida con el Ministerio de Igualdad, ¿cómo se coordina territorialmente la actuación judicial para minimizar el impacto de estos errores y asegurar el acceso a la justicia efectiva para todas las víctimas de la provincia de Lugo?