En Moncloa insisten en que el informe de la UCO descarta cualquier indicio de financiación irregular del PSOE. Fuentes gubernamentales subrayan que "la prueba palmaria" es que "en los sobres había céntimos". "Nadie da dinero en negro con céntimos", deslizan. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha recalcado que pagar en efectivo "no es ilegal" y ha defendido que las cuentas del partido están fiscalizadas y en regla. "No hay financiación irregular y todo el dinero del PSOE tiene origen legal, está contabilizado y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y con dos auditorías externas", ha subrayado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros queriendo zanjar la polémica que es línea roja en el bloque de investidura de Pedro Sánchez.
"Esto es una práctica habitual que se hace en empresas o en instituciones y que siempre tienen registro contable", ha declarado Pilar Alegría, en respuesta al informe de la UCO de 285 páginas que revela que el PSOE entregó casi 20.000 euros en efectivo, en ocasiones en sobres, al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos. El Gobierno escurre el bulto sobre los pagos en metálico apuntando al Senado, donde el PP tiene mayoría, y donde, según alegan, también se realizan pagos en efectivo. "Si un senador, una senadora tiene que hacer un desplazamiento por su cargo al extranjero, esa dieta el Senado se la paga en metálico". En el Congreso, por el contrario, esos pagos se hacen por transferencia.
"Las cuentas cuadran", insisten fuentes del Gobierno, que afirman que todo el dinero salido de la caja "tiene un soporte documental". Sin embargo, esa documentación aún no ha salido a la luz. Desde Moncloa se aferran a proyectar una imagen de "pulcritud" y aseguran que "pueden demostrar con los documentos que todo está controlado".
La ministra portavoz también ha aprovechado, como es habitual, para arremeter contra el Partido Popular, al que reprocha que hable "de sobres y de financiación irregular", porque "es como escuchar a un pirómano hablar de cómo tenemos que cuidar y cómo se tienen que apagar los incendios de nuestros bosques".
En un intento por lavar su imagen, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la obligación de que los cargos públicos publiquen sus agendas institucionales como medida para reforzar la transparencia. Sin embargo esta iniciativa no deja del todo claro que sirva para detectar presuntas prácticas irregulares.