La designación del fiscal que actuará en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abierto una nueva polémica dentro de la Fiscalía. El proceso, que comenzará el próximo 3 de noviembre en el Tribunal Supremo, juzgará a García Ortiz por la presunta filtración de datos privados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal elegido para intervenir en el procedimiento es Francisco Javier Montero, actual fiscal superior de Extremadura. Sin embargo, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que está personada como acusación popular en la causa, ha presentado una queja formal ante la Inspección Fiscal, al considerar que su nombramiento no se ha realizado conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ni respeta el principio de transparencia.
En declaraciones a La Noche de Cuesta, en esRadio, el presidente de APIF, Miguel Pallarés, ha asegurado que "no consta que el nombramiento se haya hecho por el fiscal general del Estado ni que haya sido consultado el Consejo Fiscal", como establece la normativa.
Lo espinoso de este asunto es que Francisco Javier Montero ha tenido un papel destacado en otras causas relevantes. La Fiscalía Superior de Extremadura, que él dirige, pidió la absolución de todos los acusados en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, y no consideró fraude de ley el aforamiento exprés del líder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, imputado en la misma causa.
Además, Montero intervino en mayo de 2024 en otra causa, en concreto, en la querella que el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, presentó contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por una presunta filtración de secretos.
Aquel episodio también generó tensiones internas en la Fiscalía. La fiscal madrileña María de la O Silva Fernández defendía abrir una investigación y analizar correos internos del Ministerio Público, pero la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano técnico de la carrera, optó por rechazar la apertura de diligencias.
Pese a ello, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió la denuncia, y fue entonces cuando se designó a Montero para dirigir la investigación. En esa ocasión, el fiscal extremeño mantuvo la línea oficial del Ministerio Público: oponerse a la causa.
Desde APIF no entienden el motivo por el cual no se ha designado a un fiscal de la Sala de lo Penal del Supremo en lugar del fiscal superior de Extremadura