El PPE ha exigido en el Parlamento europeo que las Fuerzas de Seguridad sean reconocidas como profesiones de riesgo, lo que incluye a policías nacionales y guardias civiles, en el caso de España. Se trata de una reivindicación habitual de ambos cuerpos que todavía no han logrado que el Gobierno de Pedro Sánchez atienda, pese a crímenes como el de Barbate que constatan el peligro al que se exponen en la lucha contra el narcotráfico.
La secretaria general del grupo, Dolors Montserrat, afirmó que "cuando un policía se juega su vida por defender la libertad de todos, no pide privilegios, exige justicia" y recordó lo ocurrido en Barbate, donde dos agentes fueron asesinados cuando les embistió una narcolancha. De ahí la necesidad de que toda Europa tome conciencia.
El reconocimiento de profesión de riesgo permitiría a los agentes jubilarse de forma anticipada sin sufrir penalización, además de mejoras laborales, ayuda psicológica y un reconocimiento a su labor, dada las situaciones de grave peligro a las que se exponen. El PP ha acompañado su propuesta de debate con una iniciativa legislativa para su debate en comisión como forma de presionar a Europa para que actúe.
Montserrat defendió como medidas prioritarias blindar el principio de autoridad de los agentes, reconocer la policía como profesión de riesgo y considerar los ataques a policías como eurodelitos. "El mensaje debe ser claro para las mafias: las leyes se acatan, y al policía se le respeta en todos los rincones de Europa. Porque cuando un policía cae, cae nuestra libertad. Y defenderlos a ellos es defender nuestra democracia", dijo.
El eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos, defendió la urgencia de reforzar la protección, los medios y el reconocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad en toda la UE. "Con demasiada frecuencia tenemos la impresión de que cuando definimos estrategias de seguridad, simplemente damos por supuesta a la policía y sus profesionales", criticó.
Pidió, además, incrementar de forma urgente los medios humanos, materiales y tecnológicos para cerrar la "ventaja escandalosa" que muchas organizaciones criminales mantienen sobre las fuerzas de seguridad en recursos y capacidades. La eurodiputada de este mismo partido, Maravillas Abadía, reclamó una estrategia común de protección y reconocimiento para las fuerzas y cuerpos de seguridad. "Qué dura es esa enfermedad silenciosa que tantos agentes deben afrontar en soledad", dijo, en referencia a los problemas de salud mental derivados del servicio.
Pidió, además, datos oficiales y transparencia sobre los ataques y agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad, acusando a algunos gobiernos de "negarse a recoger cifras y casos oficiales", en clara alusión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su dejadez ante situaciones como la de Barbate.