Sin mayorías, sin apoyos y con el ruido de la corrupción resonando de fondo, la situación se torna insostenible. Pese a ello, el Gobierno hace oídos sordos y mantiene su hoja de ruta con los Presupuestos Generales del Estado, cuya nueva fecha límite se ha fijado para noviembre. La intención del Ejecutivo es presentarlos, aunque una derrota parlamentaria de esta magnitud podría asestar un golpe severo al Gobierno de Sánchez. Por ello, ya deslizan que podrían resistir incluso sin nuevas cuentas públicas y manteniendo las aprobadas en la pasada legislatura.
El panorama se ha complicado para el Ejecutivo tras la decisión de Junts de romper, aunque el Gobierno mantiene su guion y asegura una "mano tendida" para alcanzar acuerdos. No obstante, este episodio con el partido de Carles Puigdemont ha servido al Gobierno de Sánchez como cortina de humo, justo después de que la Audiencia Nacional decidiera abrir una pieza separada por la financiación ilegal del PSOE. Ante esta investigación, los socialistas han optado por acogerse al silencio como estrategia de defensa, mientras la UCO señalaba en su informe la implicación del ministro Ángel Víctor Torres y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa vinculada a la trama, mediación en la que intervino Koldo García, a quien aseguraban apenas conocer.
La estrategia del Ejecutivo frente a las acusaciones por presuntas irregularidades ha sido negar los hallazgos del informe de la UCO y sostener que en él no se mencionan "mujeres explotadas sexualmente ni pisos", intentando así restar importancia a la implicación del ministro Torres, señalado como cooperador necesario de la trama cuando era presidente de Canarias.
Todos los frentes judiciales abiertos constituyen un lastre para el Ejecutivo, entre ellos el juicio al Fiscal General del Estado o el juicio previsto para el hermano del presidente, David Sánchez, y para el secretario general del PSOE de Extremadura y candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, por presunta prevaricación y tráfico de influencias. El proceso se celebrará entre el 9 y el 14 de febrero, inmediatamente después de las elecciones regionales, y podría derivar en la inhabilitación de Gallardo, con un fuerte impacto político para el PSOE.
El próximo 12 de noviembre, el presidente Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados para informar sobre las recientes cumbres internacionales y enfrentar los casos de corrupción que afectan a su entorno y al PSOE. La jornada se prevé excepcionalmente intensa, pues ese mismo día está prevista la declaración de García Ortiz, acusado de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo que añade un foco de presión adicional sobre el Ejecutivo.