El PSOE ha decidido retirar 'la ley Begoña' del Congreso al considerar que su aprobación es definitivamente imposible tras la ruptura de Carles Puigdemont con el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta ley fue presentada por los socialistas en el mes de enero para intervenir ante los casos de corrupción que cercan al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez y así poder blindar a Begoña Gómez y a David Sánchez. Ante la falta de apoyos de los socios de Gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, está maniobrando para colar parte del contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según la información adelantada por El Debate y contrastada por este diario en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido retirar su "Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas", que así se llama la iniciativa socialista retirada. Con ello, se da por enterrada una ley que no se ha llevado a votación por miedo a un fracaso mayúsculo. Y es que el PSOE no solo tenía en contra a Junts. Incluso Podemos y Sumar también eran muy escépticos con la iniciativa.
"Aberración jurídica"
Desde que el PSOE puso esta ley sobre la mesa, las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital han denunciado que esta maniobra legislativa era "gravísima y una auténtica aberración jurídica que buscaba archivar el caso de la esposa y del hermano del presidente del Gobierno, y dejar heridas de muerte las causas del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la trama Koldo".
Uno de los principales objetivos del Gobierno de Pedro Sánchez con esta ley era desnaturalizar la acusación popular, clave en los casos que cercan al entorno de Pedro Sánchez. Conviene recordar que el PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Iusticia Europa y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales vienen ejerciendo la acusación popular en las causas contra el PSOE instruidas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. "Esto supondría reelaborar y manipular el concepto de acusación popular con total descaro y desvergüenza", alertaban fuentes jurídicas a este periódico.
Otras cuestiones claves que pretendía incluir el PSOE en la ya enterrada 'ley Begoña' era impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por los medios o aumentar los motivos para recusar a un juez, como ya han intentado con el magistrado Juan Carlos Peinado o con Beatriz Biedma, la juez que lleva el caso del hermanísimo.
Bolaños no parará hasta conseguirlo
Ante los visos de que esta ley no saliese adelante, el Gobierno de Sánchez decidió maniobrar para colar parte de su contenido dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reforma que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de octubre y posteriormente envió al Congreso para su aprobación. Desde el PSOE aseguran que esta reforma no tiene nada que ver con los casos de corrupción del PSOE o las causas que afectan a la familia del presidente del Gobierno.
Con todo ello, presumiblemente el Gobierno ya habrá fracasado en este intento de blindar su corrupción, ya que la 'ley Begoña' estaba pensada para aplicarse inmediatamente a los "procesos en curso". En cambio, aunque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aprobase, no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2028 y, en principio, no afectará a ningún procedimiento en curso hasta entonces.
En cualquier caso, Bolaños tendrá que sudar para aprobar esta reforma, ya que los socios separatistas y comunistas tampoco ven con buenos ojos esta reforma por amordazar la acusación popular.