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El PSOE prepara la extensión de las recetas de la Ley Bolaños para colar funcionarios afines en toda la Administración

El PSOE quiere aplicar a todas las oposiciones el modelo de centros públicos de formación controlados por el Gobierno que prevé la Ley Bolaños.

El PSOE quiere aplicar a todas las oposiciones el modelo de centros públicos de formación controlados por el Gobierno que prevé la Ley Bolaños.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. EFE/Mariscal | EFE

Bajo el término Ley Bolaños se incluía realmente una infinidad de reformas tendentes a controlar la Justicia: el paso de las instrucciones judiciales a fiscales dependientes, la entrada de jueces por mecanismos con menor exigencia que la oposición actual, sistemas de incremento del poder del fiscal general y, entre otras cosas, una reforma que llamó menos la atención inicialmente pero que puede desembocar en una gravedad brutal dependiendo de su deriva: el impulso a un centro de formación para la oposición de juez dependiente del Ministerio de Justicia, es decir, del Gobierno. Pues bien, esta última idea ha gustado tanto al PSOE que quieren extender su efecto a toda la Administración, algo que, dependiendo de la deriva, les permitiría controlar todos los perfiles que pretenden acceder a puestos públicos gracias a este centro.

La reforma ha sido ya deslizada por el PSOE en el Congreso de los Diputados bajo un texto amplio que permite intuir los siguientes pasos: "Continuar desarrollando medidas de apoyo a la juventud en la preparación para el acceso a la función pública, en línea con las ayudas económicas directas destinadas a minorar los gastos derivados de la preparación de oposiciones y estudiando posibles medidas, en el marco de la estrategia Consenso por una Administración Abierta para la preparación y orientación de la
población joven a las oposiciones para el acceso a la función pública". ¿Y cuáles son esas líneas? Pues las mismas que acabaron plasmadas en la Ley Bolaños: líneas que permiten un control de los perfiles y de los candidatos a las plazas públicas.

"Cuando una persona joven se plantea su futuro laboral, una de las opciones que puede contemplar es la de tratar de acceder a un empleo público. Son muchas y muy variadas las razones que pueden hacer que una persona decida opositar a una plaza en el sector público", asegura el PSOE en su argumentación. "La Administración ofrece un entorno de trabajo diverso e inclusivo con todas las personas, dentro de un amplio abanico de sectores y en constante innovación. Además, brinda la posibilidad de desarrollar una carrera profesional exitosa y satisfactoria, con estabilidad laboral y buenas condiciones de trabajo. A ello hay que añadir la posibilidad de desarrollar una vocación de servicio público, desempeñando un trabajo que tendrá impacto en la vida de las personas", aseguran los socialistas.

Un centro público que selecciona y forma opositores

Pero tras ese buenismo, pronto llegan los mensajes más claros: "El acceso a la función pública mediante oposición implica una fase de preparación que puede suponer una carga económica considerable, especialmente para las personas jóvenes que carecen de recursos propios o apoyo familiar suficiente. Una parte de la juventud encuentra dificultades para asumir los gastos relacionados con los costes de academias especializadas, temarios, tasas de examen y, en algunos casos, la necesidad de realizar desplazamientos o residir en otras ciudades". Y como, dice el PSOE, "ello implica que muchas
personas jóvenes no puedan plantearse la opción de opositar" pues hay que "eliminar las barreras socioeconómicas que pueden impedir a muchas personas dedicarse a la preparación de una oposición".

El plan incluye becas controladas por el "Gobierno de España". Y "el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha establecido ayudas económicas para la preparación de oposiciones en las carreras judicial y fiscal, así como para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y el Cuerpo de Abogados del Estado".

Y, en ese momento de la argumentación, llega la referencia directa a las Leyes Bolaños: A su vez, en mayo de 2025, el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal". "Esta reforma amplía y moderniza las carreras judicial y fiscal", dicen, y lanza un "centros públicos de preparación". Centros que conocerán perfectamente a los candidatos a las plazas.

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