En plena crisis de la red ferroviaria, tras el paso atrás con el decreto de las pensiones y con malas previsiones para los comicios en Aragón, el presidente del Gobierno, en un intento por acaparar minutos en las tertulias, lanzó desde Dubái un anuncio destinado a generar debate sobre la prohibición de las redes sociales para los menores de dieciséis años. Sin embargo, más que una propuesta novedosa, se trata de una iniciativa reciclada: un proyecto de ley de protección digital del menor que ya se encuentra en trámite parlamentario y que fue impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia con la colaboración de varios departamentos del Gobierno, incluidos el de Félix Bolaños y Óscar López.
El malestar en el socio minoritario del Gobierno no se debe solo a que no estuviera al tanto de que el presidente Sánchez iba a retomar esta iniciativa, sino también a que trate de apropiarse de una norma que es competencia del ministerio dirigido por Sira Rego. "No nos habían dicho nada", denuncian fuentes de Sumar, que expresan su malestar y aseguran no apreciar diferencias entre el anuncio de Sánchez y la ley cuya tramitación recibió el visto bueno el pasado mes de septiembre, cuyo periodo de enmiendas ya ha concluido y que permanece en un cajón desde entonces. Ahora, a Sánchez le interesa retomar el debate.
Este proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales previsiblemente podría afectar también a otras plataformas que no se identifican como redes sociales, como el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, en lo relativo al consentimiento para el uso de datos personales de menores.
"Nosotros desde el Gobierno y desde el ministerio llevamos trabajando desde hace casi dos años en la cuestión de la regulación de los entornos digitales. La ley se está tramitando y ya contempla el acceso a redes sociales con muchísimas garantías para los menores y ahí seguimos trabajando. Poner en valor lo que hemos hecho hasta ahora, el anuncio se enmarca en una trayectoria de Gobierno", subrayó la ministra Rego en los pasillos del Senado después de que el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, saliera en el Congreso para decir que el "tema sea más o menos mediático no es un criterio de competencia".
En cualquier caso, desde Sumar admiten que el elemento verdaderamente novedoso de las medidas anunciadas por Sánchez sería que los directivos pasen a "ser legalmente responsables de las infracciones que se cometan en las plataformas digitales que gestionan", además de la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y de la amplificación de contenidos ilegales, así como la apertura, en coordinación con la Fiscalía, de vías "para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram".