El ala más radical del Gobierno y sus satélites parlamentarios han lanzado una ofensiva coordinada contra la libertad de expresión en el entorno digital. Tras las inquietantes declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien planteó abiertamente "limitar y seguramente prohibir" el uso de la red social X (antigua Twitter), Podemos ha dado un paso más allá en su deriva intervencionista.
La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, no solo ha respaldado la censura implícita de Rego, sino que ha exigido la creación de una "red social pública". Bajo el eufemismo de una "gestión democrática", la diputada pretende que el control de la conversación pública pase a manos del Estado, eliminando cualquier espacio de disidencia que escape al control del algoritmo oficialista.
Fiel a su estilo bronco, Belarra ha justificado esta pretensión de control social cargando duramente contra el propietario de X, Elon Musk, a quien ha calificado de "nazi peligroso". Para la dirigente comunista, que una plataforma no censure los mensajes que incomodan al Gobierno de coalición supone que Musk "aplica su ideología" para permitir que "se extienda el odio".
La realidad que subyace tras estos ataques es el pánico de la izquierda radical a perder el monopolio del relato. Belarra ha lamentado la falta de "contrapesos" —entiéndase, mecanismos de censura gubernamental— y ha propuesto un modelo de red social estatal que, según sus propias palabras, funcione como RTVE. El paralelismo no deja lugar a dudas: Podemos busca trasladar el modelo de televisión pública, actualmente cuestionado por su falta de neutralidad, al ámbito de las interacciones privadas de los españoles.
Un ataque coordinado
Esta pinza entre Sira Rego (IU) y Ione Belarra (Podemos) confirma la hoja de ruta de la izquierda radical. Criminalizar la plataforma al calificar de "delictivo" o "peligroso" cualquier espacio donde exista debate libre; prohibir el acceso utilizando las instituciones para vetar herramientas de comunicación globales bajo la excusa de la "protección de derechos"; y la Sustitución estatal, obligando a la ciudadanía a volcarse en plataformas controladas, financiadas y monitorizadas por el poder político.
Desde Podemos insisten en que a una red social gestionada por los políticos "le iría bastante mejor que a X", obviando que la esencia de las redes sociales reside precisamente en la independencia respecto al poder central. Con esta propuesta, el comunismo español vuelve a poner en la diana el derecho a la información libre, apostando por un control social más propio de regímenes autoritarios que de una democracia liberal.