Pese a los indicios y a que el empresario Víctor de Aldama ha entregado en la Audiencia Nacional un sobre con 250 millones de dólares en cupos de petróleo procedentes de PDVSA (la petrolera estatal venezolana), en Ferraz disimulan y sostienen que "están tranquilos". Fuentes consultadas por Libertad Digital aseguran que el PSOE y la Internacional Socialista "no están financiados de forma ilegal", pese a que este material, que habría llegado de la mano de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, podría constituir la prueba de dicho delito con la presunta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Este aparente sosiego podría variar si, como avanza este medio y según fuentes jurídicas, "no descartan que tras la declaración de Aldama y la presentación del sobre con los cupos de PDVSA se puedan producir consecuencias importantes e inmediatas en la investigación".
De puertas afuera, el partido trata de proyectar normalidad, aunque lo cierto es que este sobre se ha convertido en una de las principales armas arrojadizas del comisionista contra el Gobierno de Sánchez, que intenta enmascarar su vinculación con él. A lo largo de estos meses, miembros del Ejecutivo se han esforzado en marcar distancias y en exhibir un conocimiento nulo o muy limitado de Aldama, pese a la publicación de fotografías en las que se veía al empresario con miembros del Gobierno, incluido el presidente Sánchez.
En todos los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, desde el caso PDVSA, Plus Ultra, el caso Koldo, el caso Forestalia o el que afecta a Begoña Gómez, la estrategia del Gobierno ha sido el silencio, amparado en la supuesta transparencia. También ha recurrido al ataque contra los medios críticos que publican informaciones incómodas, a los que califica de "pseudomedios", y a sus contenidos como "falsas y bulos".