Violencia

¿Quién ha dicho que la violencia no sirve para nada? La historia de la humanidad es, en buena medida, la historia de la violencia. Los imperios se levantaron por la fuerza, las fronteras se trazaron con sangre y el poder casi siempre terminó imponiéndose desde la superioridad del más fuerte.

Desde Alejandro Magno hasta Gengis Kan, desde la conquista de América hasta el terrorismo de ETA, el hombre se ha regido por la violencia. La mala violencia, dirán los moralistas. Porque también existe una violencia considerada legítima: la del Estado democrático. A esa la llamamos "violencia legítima de Estado" porque una comunidad humana ha decidido someterla a reglas civilizatorias. Es decir, porque hemos aceptado limitar la fuerza mediante leyes, instituciones y principios éticos que distingan la autoridad de la barbarie.

La ética - esa facultad humana que nos permite discernir entre lo correcto y lo incorrecto - ha sido precisamente el intento de la civilización por contener la violencia arbitraria. Un esfuerzo imperfecto, pero imprescindible, para convivir sin quedar sometidos a la ley del matón.

Entre el matonismo de Trump y la hipocresía de SánchezAntonio Robles

Y no viene a cuento esta reflexión por el comportamiento pendenciero de Trump. Lo suyo resulta tan grotesco y tan obsceno en un mundo dotado de derecho internacional, que a veces hay que frotarse los ojos para comprobar que no estamos ante un personaje de Torrente. Pero no: ahí está cada día, como un César de opereta con pulsiones de manicomio, poniendo en riesgo el equilibrio mundial y despreciando de un plumazo siglos de construcción jurídica internacional.

No. No hablo hoy de esa violencia estridente y evidente, sino de otra mucho más peligrosa: la violencia transparente. La que se infiltra lentamente en la conciencia colectiva hasta acostumbrar al ciudadano a la arbitrariedad. La que degrada las instituciones sin necesidad de tanques ni uniformes. La que convierte el abuso en rutina y la anomalía en paisaje.

Decía el fiscal anticorrupción en su alegato final contra el exministro José Luis Ábalos y el resto de acusados por el caso mascarillas, ya visto para sentencia, que existen tres niveles de corrupción: la del que roba bienes públicos aprovechándose de su cargo; la del que trata de "colonizar" las instituciones para adueñarse del poder; y la definitiva, la de quienes pervierten la función misma de esas instituciones para perpetuarse políticamente.

Cuatro niveles de podredumbre

Traducido al terreno político, y añadiendo una cuarta categoría, el diagnóstico sería éste: La primera corrupción es como la gripe estacional: siempre vuelve. Son los rateros de cada época. Mordidas, enchufes, favores sexuales, tráfico de influencias. Miserias humanas tan antiguas como el poder mismo.

La segunda ya se parece más a un cáncer. Es la colonización de las instituciones. Y aquí la responsabilidad desborda a los simples encausados para alcanzar al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: el control partidista del CIS, la presidencia del Tribunal Constitucional, los nombramientos interesados del Fiscal General del Estado, las empresas públicas convertidas en agencias de colocación ideológica, y control político, o la ocupación progresiva de organismos que deberían servir al Estado y no al partido.

El poder que se perpetúa a cualquier precio

La tercera consiste en pervertir la función misma de las instituciones para asegurar la supervivencia política del poder. Ahí entran la amnistía como moneda de cambio, los indultos de conveniencia, las excarcelaciones negociadas –ERE, etarras con cientos de años de cárcel, procés…–, el mercadeo político y económico con nacionalistas y separatistas –¿Le hubieran impuesto a Cataluña el crucero infectado como a Canarias?–, o determinadas políticas concebidas más como ingeniería electoral que como decisiones de Estado –Como la legalización por urgencia de la inmigración, o la nacionalización sospechosa de generaciones de nietos extranjeros de españoles exiliados para alterar el censo electoral…–.

Pero existe una cuarta corrupción. Y ésta enlaza directamente con esa violencia transparente, vírica y letal a la que me refería al principio. Es la corrupción de los valores que sostienen la legitimidad democrática. La demolición de aquellas normas morales no escritas que daban sentido al sistema incluso antes que las leyes.

La idea de que un gobernante debía dimitir ante la indignidad. La obligación política de presentar presupuestos –Ya lleva cuatro años sin ellos–. El respeto institucional al Parlamento. La vergüenza necesaria para no gobernar eternamente a golpe de decreto. El deber elemental de no degradar a jueces, tribunales y oposición cada vez que contradicen al poder. La convicción de que la mentira sistemática incapacita moralmente para gobernar.

Y, sin embargo, todo eso se desvanece ante nuestros ojos con una naturalidad escalofriante.

Ésta es la corrupción verdaderamente letal. Porque cuando quienes gobiernan convierten el abuso en costumbre, destruyen el fundamento moral que obliga al ciudadano a respetar las reglas. Si el poder puede incumplirlas públicamente sin consecuencias, ¿por qué habría de sentirse obligado el resto de la sociedad?

Lo más inquietante no es sólo lo que hace este Gobierno, sino el precedente que deja. Porque toda degradación institucional termina siendo hereditaria. Y quienes hoy justifican estos abusos serían los primeros en incendiar las calles si mañana los cometieran sus adversarios.

Sobran leyes, faltan valores

La ejemplaridad. El respeto a las reglas. La obligación de decir la verdad. La aceptación del adversario como legítimo. La vergüenza de no aferrarse al cargo a cualquier precio. Valores, valores, valores. Sobran leyes y faltan valores.

Porque cuando la corrupción alcanza las convicciones morales que sostienen las instituciones, la democracia deja de pudrirse desde fuera y empieza a hacerlo desde dentro.

Y esa violencia –la que destruye los principios que sostienen la convivencia– ya no es propia de políticos democráticos, sino de bandoleros y mafiosos.