La infatigable corrupción del supervisor de nubes

Muchos lectores recordarán a José Luis Rodríguez Zapatero, allá por septiembre de 2011, parafraseando a Gómez de la Serna, al asegurar que "el mejor destino es el de supervisor de nubes acostado en una hamaca". Pues bien: A la vista del auto del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, que imputa a Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización delictiva, podríamos decir que el ex presidente del gobierno se ha dedicado durante su retiro a todo menos a supervisar nubes echado en una hamaca. Y es que, según el auto por el que se imputa por primera vez en la historia a un ex presidente del gobierno por corrupción, Zapatero habría liderado una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" donde puso sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables, con el foco principal puesto en la aerolínea Plus Ultra, perceptora de un injustificado rescate aprobado por el gobierno de Sánchez de más de 53 millones de euros de dinero público.

Para lograr sus objetivos, el entramado habría empleado, según el auto, sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos con el fin de ocultar el origen y destino de los fondos. Concretamente, el auto señala que Zapatero y sus hijas, cuya agencia Whathefav S.L., también ha recibido pagos de la trama, habrían obtenido cerca de dos millones de euros. En concreto, según las cifras aportadas por Calama, el expresidente habría percibido 1.525.078 euros y Laura y Alba Zapatero Espinosa, 423.779.

La operación, coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ha incluido registros en la oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid y en la sede de Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero. Asimismo, los investigadores han registrado las mercantiles Soft Gestor e Inteligencia Prospectiva, vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, considerado el "pagador" de Zapatero

Ni que decir tiene que el supuesto compromiso del PSOE de combatir la corrupción "caiga quien caiga" ha vuelto a brillar por su ausencia. Por el contrario, tanto los representantes del PSOE como de sus socios separatistas y de extrema izquierda han arremetido contra el Juez con claras insinuaciones de haber perpetrado un delito de prevaricación, que no otra cosa es el lawfare. Eso, por no hablar del ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha permitido llamar directamente "imbécil" al líder de oposición Alberto Nuñez Feijóo.

Nadie -empezando por el Juez Calama- ha cuestionado la presunción de inocencia de Zapatero; pero el hecho cierto es que aquel rescate a cargo del contribuyente de una aerolínea con tan escasa actividad y nulo valor estratégico para España -con o sin mordidas- jamás tuvo justificación y que mientras el juez basa su decisión de investigar a Zapatero en numerosos indicios, el expresidente de gobierno no ha hecho otra cosa que limitarse a negar los hechos.

El tiempo y la Justicia lo dictaminarán, pero si hay que distinguir las responsabilidades políticas de las penales, como les gusta hacer a los socialistas cuando los acusados de corrupción son sus adversarios, hay que señalar que es difícil concebir que esa "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" pudiera haber actuado sin la complicidad o condescendencia del actual presidente del gobierno. Y, aunque ese no fuera el caso, Sánchez debería asumir su responsabilidad in vigilando pues, a la postre, ese polémico y presuntamente delictivo rescate de Plus ultra fue autorizado por el actual Ejecutivo socialista.

Lo que parece evidente es que Sánchez no accedió a la presidencia del gobierno para limpiar España de la corrupción ni Zapatero la dejó para acostarse en la hamaca a supervisar las nubes