Politización insoportable

Hace algo más de medio siglo, la consigna "lo personal es político" sirvió para cuestionar la separación entre la esfera pública y la privada. Contenía una parte de verdad, como casi todas las ideas que terminan produciendo grandes disparates: también dentro de los hogares podían existir abusos, desigualdades y relaciones de poder injustas.

El problema llegó cuando aquella objeción dejó de aplicarse a situaciones concretas y se convirtió en una teoría general de la existencia. Si lo personal es político, nada es realmente personal. Y si nada es personal, no hay rincón de la vida que deba quedar fuera del alcance del legislador, del funcionario y del activista que ha descubierto un nuevo agravio mientras desayunaba.

La consecuencia es una sociedad en la que cualquier conducta puede ser examinada como un problema público, cualquier molestia transformada en agravio y cualquier agravio elevado a categoría de política de Estado. Vivir se reduce a producir externalidades, y producir externalidades empieza a parecerse peligrosamente a cometer delitos.

Conducir un automóvil para ir a trabajar mejora nuestra movilidad, amplía el territorio en el que podemos buscar casa y empleo y multiplica nuestras oportunidades. Pero también produce ruido, ocupa espacio, contamina, necesita carreteras y entraña riesgo de accidente. Incluso el automóvil eléctrico, ese vehículo que algunos parecen creer que se fabrica solo con buenos sentimientos, genera partículas, congestión, consumo energético e infraestructuras.

¿Significa eso que conducir es una conducta antisocial? No. Significa que la vida tiene costes y beneficios, algo que la humanidad comprendía antes de que llegaran los expertos a explicarle cómo debía respirar. Convivir no consiste en eliminar toda interferencia, porque eso exigiría eliminar previamente a los seres humanos. Consiste en distinguir entre el daño grave, la molestia tolerable y la simple manía.

La politización de la existencia borra esas diferencias. Ya no pregunta cuánto daño produce una actividad, qué utilidad proporciona, si existen alternativas o si prohibirla causará perjuicios mayores. Le basta con localizar una consecuencia negativa, por insignificante que sea, para dotar a la prohibición de un blindaje moral impenetrable.

Fumar en una terraza, por ejemplo, puede convertirse en una agresión, no porque quien está a varios metros vaya a sufrir un daño apreciable, sino porque el olor le desagrada. Pero si esa molestia basta para prohibir, habrá que ocuparse también de los perfumes intensos, las motocicletas, los perros, las barbacoas, los niños y las ruidosas conversaciones en las terrazas. En especial de estas últimas, porque producen daños auditivos difíciles de cuantificar.

El derecho a no ser dañado ha mutado en un supuesto derecho a no ser molestado. Y como la molestia es subjetiva, ilimitada y a menudo caprichosa, el poder encargado de evitárnosla también debe ser ilimitado. No hay tiranía más encantadora que la que promete librarnos de todos los inconvenientes de la vida en libertad.

Esta lógica también está detrás de los incendios devastadores que asolan nuestros campos. Durante años se ha impuesto la idea de que proteger un bosque consiste en no tocarlo. Retirar madera seca, limpiar maleza o practicar la entresaca tradicional ha quedado proscrito porque la naturaleza solo es natural cuando el ser humano se mantiene lejos de ella. Después llega el incendio alimentado por toneladas de material seco. La revelación —ésta sí— es científica. Lo que se prohibió retirar se ha convertido en combustible y el bosque, reducido a cenizas, queda ecológicamente purificado.

Pero incluso entonces no se admite el error. Las políticas moralizantes pueden fracasar, pero jamás se equivocan. La solución será, por supuesto, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática: más prohibiciones, más controles y más campañas de concienciación. El remedio al intervencionismo fracasado siempre consiste en una dosis mayor de intervención.

Lo más asfixiante no es, sin embargo, administrativo, sino moral. Cuando todo es político, cada discrepancia se interpreta como una relación de poder; toda costumbre, como una estructura de dominación; toda preferencia, como una manifestación ideológica. La política deja de limitarse a regular nuestros actos y empieza a investigar nuestras intenciones y a estigmatizar nuestros sentimientos y emociones.

El vecino ya no hace ruido: ejerce violencia acústica. El conductor no utiliza un vehículo: impone un modelo de movilidad. Quien discrepa no está equivocado: ataca derechos. Quien cuenta un chiste subido de todo forma parte de las estructuras de opresión. Y quien pide que simplemente lo dejen en paz es un peligroso individualista antisocial. Nadie discute ya con quien tiene delante, sino con la estructura que supuestamente habla a través de él. La relación se transforma en un tribunal permanente: cada palabra aporta una prueba, cada desacuerdo confirma una teoría y cada conflicto reclama un culpable.

Donde antes había negociación, paciencia o tolerancia, aparece una lucha por imponer el marco moral desde el que debe legislarse la existencia. La convivencia deja de ser una relación entre individuos libres y se convierte en una sucursal doméstica de la lucha ideológica.

La gran división de nuestro tiempo no es entre izquierda y derecha, sino entre quienes desean vivir y quienes aspiran a administrar la vida ajena. Entre quienes aceptan que convivir implica soportar molestias, ponderar costes, negociar conflictos y dejar cierto margen a la imperfección, y quienes creen que cualquier manía adquiere categoría política si se expresa con suficiente solemnidad.

La politización de la existencia no solo achica el espacio de la libertad: proporciona combustible a la polarización. Cuando cada hábito, cada preferencia y cada desacuerdo cotidiano se convierten en un asunto político, dejamos de convivir con personas y empezamos a enfrentarnos a adversarios.

Esa división resulta extraordinariamente útil para los malos gobernantes, como Sánchez. Quien no sabe mejorar la vida de los ciudadanos siempre puede empeorar la convivencia entre ellos. Le basta con señalar culpables, convertir cada diferencia en una amenaza y mantener a la sociedad en un estado permanente de movilización. Gobernar ya no consiste en resolver problemas, sino en administrar hostilidades. Y mientras los ciudadanos combaten entre sí, quienes los enfrentan conservan el poder.