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ARGENTINA

El Gobierno recurre al Supremo para posibilitar la revisión del caso de la Tablada

El gobierno argentino ha interpuesto este viernes un recurso ante la Corte Suprema, en un último intento por conseguir que la Justicia revise las penas de los condenados por el ataque al cuartel militar de La Tablada en 1989. Hace una semana, el presidente argentino, Fernando de la Rúa, firmó un decreto con expresas instrucciones al jefe de los abogados del Estado, Ernesto Marcer, para lograr que el máximo tribunal del país reconociera el derecho de los presos a una segunda instancia judicial.

Fuentes judiciales informaron de que en el recurso de queja interpuesto, Marcel insistió en la necesidad de revocar la sentencia que impide la revisión de las condenas que les fueron impuestas a los reclusos. En enero de 1989, militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) asaltaron el cuartel de La Tablada, situado a las afueras de Buenos Aires, que fue recuperado al cabo de 30 horas de combates con un resultado de 40 muertos entre militares, policías y guerrilleros.

Los presos de La Tablada, como se les denomina desde entonces, fueron juzgados bajo la Ley de Defensa de la Democracia, que no contempla la posibilidad de apelación o segunda instancia judicial, lo cual va contra los convenios internacionales suscritos por Argentina. La situación de los condenados, que realizan una huelga de hambre que hoy cumple 103 días, ha motivado una campaña internacional de presión sobre el gobierno argentino, que pretende cumplir con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que se habilite una segunda instancia judicial en el caso.

La decisión del gobierno de presentar un recurso de queja para poner fin al asunto fue anunciada ayer por De la Rúa antes de viajar a la ciudad brasileña de Florianópolis para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur (Mercado Común del Sur). El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que contempla la posibilidad de apelación para los condenados, pero las discrepancias de los legisladores en torno a la iniciativa hicieron fracasar su aprobación. En caso de que la Justicia mantenga su posición negativa a habilitar el recurso, las autoridades analizan la posibilidad de hacerlo a través de un decreto de necesidad y urgencia.

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