Fujimori podría ser juzgado incluso por Japón si se prueban las ejecuciones de terroristas

Según informes procedentes de Tokio, un ex diplomático japonés que fue rehén del comando terrorista del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) aceptó una petición que le hizo la Fiscalía de Perú para que aclare lo que vio durante la operación militar de rescate que ordenó Fujimori.

El testimonio del ex diplomático Hidetaka Ogura permitiría esclarecer si durante el rescate de los 72 rehenes producido en abril de 1997 se produjeron ejecuciones marciales de algunos terroristas del MRTA que ya se habían rendido. Ogura señaló en Japón que "cuando salí de la residencia yo vi en dos lugares que tres guerrilleros habían sido capturados vivos". El caso es manejado por la fiscal Flor de María Alva.

Al respecto, García señaló en conferencia de prensa que ofreció en Palacio de Gobierno tras una reunión del gabinete ministerial que "podríamos encontrarnos en ese caso ante la figura de un delito internacional previsto en tratados internacionales. Cuando estamos ante un delito internacional de esa naturaleza puede juzgarlo cualquier juez de un país que sea miembro del respectivo tratado internacional como lo es el Perú, como lo es el Japón o como lo son todos los países europeos".

El ministro peruano mantuvo que el juicio a Fujimori por ejecuciones extrajudiciales procederá "dependiendo por supuesto del resultado de las investigaciones que se hagan en los temas que pudieran tocar la responsabilidad del ex presidente Fujimori en caso de graves violaciones de los derechos humanos".

El depuesto ex gobernante se halla en Japón desde noviembre pasado, cuando abandonó Perú en medio de la crisis política que produjo el hallazgo de millonarias cuentas bancarias en Suiza a nombre de su ex asesor Vladimiro Montesinos. Fujimori fue depuesto el 21 de noviembre pasado como jefe de Estado al ser declarado "incapaz moralmente" para seguir gobernando el país.

Hace dos semanas el Congreso aplicó otra sanción más contra el ex mandatario al acusarle constitucionalmente e inhabilitarlo por diez años para el ejercicio de cualquier cargo público por los supuestos delitos de abandono del cargo e incumplimiento de sus funciones. Sobre el ex mandatario pesa además otra acusación constitucional por el autogolpe de Estado que dio en abril de 1992.