L D (Agencias)
La comisión designada por el ejecutivo está presidida por el obispo de Arequipa, Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, e integrada por el ex Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, y el sacerdote Gastón Garatea, según informó el portavoz presidencial, Carlos Urrutia, en una rueda de prensa. También estarán presentes varios miembros del Consejo y del Gabinete del presidente Alejandro Toledo, pero Urrutia se abstuvo de precisar cuales serán los ministros que conformarán el grupo. La comisión viajará este martes a Arequipa para reunirse con Guillén y los demás líderes de la protesta en la sede del Colegio San Carlos de esa ciudad.
Las protestas en Arequipa estallaron el pasado viernes, después de que el Gobierno subastara las empresas regionales de electricidad Egasa y Egesur en contra de la voluntad de las autoridades y de las organizaciones gremiales arequipeñas. Las manifestaciones desembocaron en una serie de actos vandálicos, donde los participantes apedrearon y saquearon locales públicos y privados, causando pérdidas por unos 100 millones de dólares. Los incidentes se saldaron con un muerto, 142 heridos y 52 detenidos, según el primer balance oficial, ofrecido por el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi.
En respuesta a esos hechos, el Gobierno entregó a los militares el control del orden en Arequipa e impuso el toque de queda a partir de las diez de la noche. Sin embargo, las protestas continuaron y se extendieron a la capital del departamento vecino de Tacna. Los alcaldes de las demás capitales del sur peruano han manifestado su apoyo a las protestas en Arequipa y anunciaron que este miércoles se reunirán en la capital arequipeña, lo que hace temer que el conflicto pueda extenderse a otros departamentos.
Las protestas en Arequipa estallaron el pasado viernes, después de que el Gobierno subastara las empresas regionales de electricidad Egasa y Egesur en contra de la voluntad de las autoridades y de las organizaciones gremiales arequipeñas. Las manifestaciones desembocaron en una serie de actos vandálicos, donde los participantes apedrearon y saquearon locales públicos y privados, causando pérdidas por unos 100 millones de dólares. Los incidentes se saldaron con un muerto, 142 heridos y 52 detenidos, según el primer balance oficial, ofrecido por el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi.
En respuesta a esos hechos, el Gobierno entregó a los militares el control del orden en Arequipa e impuso el toque de queda a partir de las diez de la noche. Sin embargo, las protestas continuaron y se extendieron a la capital del departamento vecino de Tacna. Los alcaldes de las demás capitales del sur peruano han manifestado su apoyo a las protestas en Arequipa y anunciaron que este miércoles se reunirán en la capital arequipeña, lo que hace temer que el conflicto pueda extenderse a otros departamentos.