LD (EFE)
El presidente del Frente Cívico Amplio de Arequipa, Luis Vilca, informó este viernes de que la población arequipeña efectuará mañana un 'cacerolazo' en protesta por las opiniones que Olivera adelantó sobre el proceso judicial abierto contra la privatización de las empresas eléctricas EGASA y EGESUR. El titular de Justicia afirmó el miércoles pasado que la Fiscalía Superior de esa ciudad se pronunció a favor de revocar la sentencia de un juez de primera instancia de esa ciudad que aceptó una acción de amparo contra la privatización de las empresas eléctricas del sur peruano.
En junio pasado, el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, presentó ante un juez de esa población un recurso de amparo contra la privatización de las empresas de generación eléctrica del sur del Perú, EGASA y EGESUR. A pesar de que el juez declaró fundado el pedido el 13 de junio, el Gobierno peruano, a través del organismo estatal privatizador Pro Inversión, otorgó a la empresa belga Tractebel la subasta de las empresas por 167 millones de dólares. Posteriormente, una serie de violentas manifestaciones en Arequipa obligó al Ejecutivo a dejar en suspenso la venta de las eléctricas hasta que la justicia tomara una decisión final sobre el tema.
El Gobierno afirmó entonces que esperaría a la decisión definitiva de la justicia peruana sobre el recurso de amparo, que, tras ser cuestionado por la Fiscalía, deberá ser evaluado nuevamente por la Corte Superior de Arequipa, que tendrá la última palabra. Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de la Provincia de Arequipa, Simón Balbuena, declaró que Olivera debió abstenerse de hacer comentarios y amenazó con hacer "responsable al señor ministro de lo que pudiera registrarse en los próximos días en Arequipa".
En junio pasado, el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, presentó ante un juez de esa población un recurso de amparo contra la privatización de las empresas de generación eléctrica del sur del Perú, EGASA y EGESUR. A pesar de que el juez declaró fundado el pedido el 13 de junio, el Gobierno peruano, a través del organismo estatal privatizador Pro Inversión, otorgó a la empresa belga Tractebel la subasta de las empresas por 167 millones de dólares. Posteriormente, una serie de violentas manifestaciones en Arequipa obligó al Ejecutivo a dejar en suspenso la venta de las eléctricas hasta que la justicia tomara una decisión final sobre el tema.
El Gobierno afirmó entonces que esperaría a la decisión definitiva de la justicia peruana sobre el recurso de amparo, que, tras ser cuestionado por la Fiscalía, deberá ser evaluado nuevamente por la Corte Superior de Arequipa, que tendrá la última palabra. Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de la Provincia de Arequipa, Simón Balbuena, declaró que Olivera debió abstenerse de hacer comentarios y amenazó con hacer "responsable al señor ministro de lo que pudiera registrarse en los próximos días en Arequipa".