La Administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su batalla contra la tiranía de la corrección política en el ámbito académico. El Departamento de Educación de EEUU ha abierto una investigación formal contra la prestigiosa Universidad de Duke por supuestas "prácticas discriminatorias" en el proceso de selección de editores de su revista jurídica, Duke Law Journal, un privilegio al que accede el 20% de los estudiantes y que supone un gran impulso en sus currículos.
La investigación se inicia tras denuncias que acusan a la publicación de aplicar un sistema de discriminación positiva. Según la Oficina de Derechos Civiles, se otorgaban puntos adicionales a los aspirantes que destacaran su "raza o etnia" en sus solicitudes, priorizando la identidad sobre la capacidad intelectual y el mérito. Sin embargo, dado que el Tribunal Supremo prohibió estas prácticas en 2023, lo que hicieron fue informar a los estudiantes en secreto de la importancia en la puntuación de estas solicitudes. "Es claramente ilegal", ha asegurado David Bernstein, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad George Mason. "Están empleando las solicitudes para seguir evaluando según la raza."
También han enviado otra carta de advertencia a la Facultad de Medicina de la misma universidad debido a las guías para la promoción de los médicos que trabajan en sus hospitales profesionales, que vinculan las mejoras en su carrera profesional con el reclutamiento y entrenamiento de estudiantes BIPOC, que es el acrónimo empleado para referirse a todos los que no sean blancos o asiáticos.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., han sido contundentes en una carta a la dirección de Duke, calificando estas prácticas de "afrenta" a las leyes de derechos civiles. "Otorgar un trato preferencial ilegal basado en características inmutables es una afrenta (...) al carácter meritocrático de la excelencia académica", sentenciaron, defendiendo la necesidad de garantizar la "excelencia, la integridad y el respeto a la ley".
Este caso se enmarca en la ofensiva de la Administración Trump contra la hegemonía de la extrema izquierda en los campus estadounidenses. El presidente ha denunciado en repetidas ocasiones que las universidades se han convertido en centros de adoctrinamiento, impulsando los polémicos y costosos programas de "Diversidad, Equidad e Inclusión" (DEI) que, bajo la excusa de la igualdad son en la práctica programas masivos de ingeniería social que instauran la discriminación por raza, sexo y orientación sexual.
La acción contra Duke llega apenas unos días después de que otra universidad de la Ivy League, Columbia, aceptara pagar una multa millonaria para cerrar las acusaciones de antisemitismo en su seno, evidenciando el profundo problema ideológico que corroe la educación superior en Estados Unidos, así como la congelación de fondos públicos destinados a Harvard por razones similares.