Bruselas quiere incrementar su denominada "lucha contra la desinformación y la difusión de contenidos ilegales en el contexto de la Ley de Servicios Digitales y en tiempos de conflicto". El responsable de relanzar este impulso ha sido el comisario europeo Breton. Su propia explicación no oculta que pretende hacerlo ante la ola de "desinformación" que puede surgir en plena matanza de Hamás al pueblo de Israel. Pero la principal manera de llevar a cabo este propósito será a través de cada Gobierno nacional.
Y, en España, ese Gobierno tiene y puede seguir teniendo a socialistas y comunistas, y cuenta con un largo listado de apoyos igualmente contrario a la defensa de Israel y que ha dado buenas muestras de antisemitismo.
Thierry Breton, el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, quiere control público de la información en pleno ataque de Hamás a Israel. El comisario lo argumenta en base a la Ley de Servicios Digitales (DSA) y a la necesidad de estar "a la vanguardia de la lucha contra la desinformación y la difusión de contenido ilegal en línea".
Breton asegura que "en las últimas semanas, varios informes han puesto de relieve un aumento en la difusión de contenido ilegal en línea en varias plataformas". Entre esos informes, supuestamente, habría referencias a "los acontecimientos en Oriente Medio provocados por los ataques terroristas de Hamás en Israel". Porque "la difusión generalizada de contenido ilegal y desinformación relacionada con estos eventos conlleva un claro riesgo de estigmatizar a ciertas comunidades y desestabilizar nuestras estructuras democráticas, por no hablar de exponer a nuestros hijos a contenido violento", señala el comisario.
La Comisión ya ha dado más detalles de su plan y ha recogido las líneas principales en un conjunto de recomendaciones para que "los Estados miembros coordinen su respuesta a la propagación y amplificación de contenido ilegal, como el contenido terrorista o el discurso de odio ilegal, antes de que pueda conducir a una grave amenaza a la seguridad pública", señala Bruselas. Pero toda la maquinaria pasa por "los Estados miembros" con el fin de que sean ellos los que "garanticen el pleno cumplimiento por parte de las plataformas en línea muy grandes y los motores de búsqueda de sus nuevas obligaciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), antes de la fecha límite para que los Estados miembros desempeñen su papel en la aplicación de la DSA".
Es decir, que el control del contenido volcado por los medios, comentaristas, políticos o cualquier otro usuario en esas plataformas quedaría en manos de los Gobiernos. Y el Gobierno español ya ha dado muestras abundantes de sus deseos de controlar la prensa y, además, parte de sus miembros ha dejado constancia de su grado de agresividad contra Israel.
Las recomendaciones de Bruselas destacan que "en el contexto de un período sin precedentes de conflicto e inestabilidad que afecta a la Unión Europea, primero con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y ahora con los ataques terroristas de Hamas contra Israel, la Comisión cuenta con que los Estados miembros unan sus fuerzas para permitir la pronta aplicación de la DSA".
La DSA, efectivamente, establece un conjunto de normas para un "entorno en línea seguro, predecible y de confianza en la UE, que respete los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión e información". Desde agosto de 2023, la DSA ha reclamado que las plataformas digitales más potentes y los motores de búsqueda en línea "implanten medidas de mitigación que se adapten a los riesgos sistémicos específicos que plantean sus sistemas, incluidos los riesgos sistémicos derivados de la difusión de contenido ilegal".
La Comisión propone, así, un "mecanismo de respuesta a incidentes que describa la cooperación entre la Comisión y esa red en respuesta a la difusión de contenido ilegal en línea, en particular cuando plantee un claro riesgo de intimidar a los grupos de población o desestabilizar las estructuras políticas y sociales de la Unión". Este incluiría "reuniones periódicas de respuesta a incidentes para discutir buenas prácticas y metodologías, y informes regulares e intercambio de información recopilada a nivel nacional".
Y, cuando "circunstancias extraordinarias, como un conflicto armado internacional o ataques terroristas, lo justifiquen, la Comisión alienta a las plataformas en línea muy grandes y a los motores de búsqueda en línea muy grandes a elaborar protocolos de incidentes relevantes para el incidente específico".
Y, las recomendaciones "también recuerdan los poderes conferidos a los Estados miembros por los diferentes instrumentos en virtud de la legislación de la Unión Europea para hacer frente a los contenidos ilegales, como el Reglamento sobre la difusión de contenidos terroristas en línea, en vigor desde junio de 2022".