Portugal estrena policía migratoria con poderes para detener y deportar inmigrantes ilegales

Esta semana ha entrado en vigor en Portugal la nueva Policía para Extranjeros, un cuerpo policial creado con el objetivo de fiscalizar la situación de los inmigrantes en el país vecino. Estos agentes están autorizados dar el alto a personas en la vía pública, exigir la presentación de documentos y permisos de residencia y, en caso de no disponer de ellos, detenerlas y deportarlas a su país de origen en un plazo máximo de veinte días.

La medida fue aprobada en julio por el Parlamento portugués con los votos de los partidos de derecha y la oposición de la izquierda, que alertó de que no se debatió lo suficiente. También se votaron varias modificaciones a la Ley de Extranjería, aunque más tarde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro de esas medidas por "vulnerar principios fundamentales".

Se aprobó la creación de la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF), que es el nuevo organismo encargado de estas tareas, dentro de la Policía de Seguridad Pública (PSP). El plan del Gobierno de Luís Montenegro prevé que cuente con 2.000 efectivos, aunque de momento arranca con 1.200 agentes desplegados en todo el territorio. Según el Ministerio de Administración Interna, las zonas ‘calientes’ serán los puertos y aeropuertos, considerados principales puntos de entrada de inmigrantes ilegales.

Notificación de abandono voluntario

En caso de que un inmigrante no pueda acreditar su situación legal cuando sea requerido por la policía, recibirá una notificación de abandono voluntario. Si la orden no se cumple, la expulsión puede ejecutarse de manera forzosa. En ese caso, el inmigrante puede ser acusado de desobediencia y llevado a uno de los centros de permanencia temporal, donde esperará la decisión judicial que determine su deportación.

Desde las elecciones de mayo -donde ganó la derecha-, unos 35.000 inmigrantes han recibido notificación de salida voluntaria. Mientras, en Lisboa, el Ayuntamiento ha denunciado situaciones de hacinamiento y subalquiler en ciertas viviendas, algunas de las cuales aparecen registradas como dirección de residencia en decenas de solicitudes de permiso. Como respuesta, la AIMA (Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo) endurecerá los requisitos: será obligatorio presentar un documento firmado ante notario por el propietario del inmueble donde se reside en alquiler.