Lydia Mugambe Ssali, abogada ugandesa con una sólida formación académica, ha sido considerada durante años como una figura clave en la defensa de los derechos humanos en África. Licenciada en Derecho por la Universidad Makerere, en Kampala, y con un máster en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, Mugambe ingresó al Tribunal Superior de Uganda en 2013. En 2017, su fallo contra el Hospital Nacional Mulago de Kampala, que otorgó 85 millones de chelines ugandeses (unos 24.000 dólares) a una pareja por la desaparición de su recién nacido debido a negligencia médica, consolidó su reputación como juez progresista. Mugambe, además, formó parte de la Asociación Internacional de Juezas y colaboró con el Centro de Derechos Humanos de Oxford, donde publicaba trabajos sobre protección jurídica de minorías y equidad de género.
Su carrera dio un salto en mayo de 2023, cuando la ONU la nombró juez ad hoc del Mecanismo Residual Internacional de Tribunales Penales, con mandato hasta 2026. En este rol, intervenía en asuntos como juez único en procesos de crímenes de guerra y genocidio. Mientras cursaba un doctorado en Derecho en la Universidad de Oxford, su perfil la posicionaba como un referente en la lucha contra la discriminación y la trata de personas.
Sin embargo, en agosto de 2024, Mugambe fue arrestada en el Reino Unido por la Policía del Valle del Támesis en una investigación sobre esclavitud moderna. El jurado del Tribunal de la Corona de Oxford la declaró culpable en marzo de 2025 de conspiración para vulnerar la ley de inmigración, facilitar viajes con fines de explotación, obligar a trabajar y conspirar para intimidar a un testigo. La sentencia, dictada el 2 de mayo, impuso seis años y cuatro meses de cárcel.
La Fiscalía detalló que Mugambe, en colaboración con el vicecomisario ugandés John Leonard Mugerwa, engañó a una joven compatriota para que viajara al Reino Unido, prometiéndole un empleo remunerado. Una vez allí, la obligó a realizar tareas domésticas y de niñera sin paga, explotando su desconocimiento de derechos laborales. El juez David Foxton calificó el caso como "muy triste", destacando la ironía de que Mugambe, defensora pública de los derechos humanos, no mostrara remordimiento y culpara a la víctima, cuya identidad se protege por ley.
La condena resalta contradicciones en perfiles de alto standing internacional y refuerza el escrutinio sobre la trata de personas, un delito que afecta a miles de migrantes vulnerables. Mugambe, que negó los cargos alegando haber tratado a la joven con "amor y paciencia", cumple pena en una cárcel británica, mientras su designación en la ONU queda suspendida.
El papel del diplomático Mugerwa
John Leonard Mugerwa, entonces subcomisario de la Alta Comisión de Uganda en el Reino Unido, jugó un papel central en el caso Mugambe. Según los detalles revelados en el juicio, Mugerwa y Mugambe forjaron un acuerdo en marzo de 2022 durante una recepción diplomática en Londres, donde acordaron un "intercambio deshonesto" por el cual el diplomático violó las leyes de inmigración británicas a cambio de la intercesión de la juez en un caso que le afectaba en su país.
Mugerwa, que contaba con inmunidad diplomática, emitió un certificado de patrocinio falso bajo un esquema especial para sirvientes personales de diplomáticos acreditados. El documento indicaba que la víctima trabajaría como ama de llaves en su residencia oficial, con un salario prometido de 1.200 libras mensuales. En realidad, este era un pretexto: Mugambe recogió a la joven en el aeropuerto de Heathrow, le confiscó el pasaporte y el teléfono, y la obligó a realizar tareas domésticas y de canguro sin remuneración en su hogar de Kidlington, Oxford. La fiscalía demostró mediante comunicaciones entre ambos que Mugerwa sabía que la mujer "trabajaría en servidumbre para Mugambe".
A cambio de su colaboración, Mugambe se comprometió a interceder en un caso judicial en Uganda donde Mugerwa enfrentaba acusaciones, contactando a la juez responsable para influir en el proceso. Sin embargo, la magistrada ugandesa rechazó las llamadas de Mugambe, según el juez David Foxton durante la sentencia. Esta maniobra subraya el abuso de posiciones de poder por parte de figuras de alto rango en entornos internacionales.
La Policía del Valle del Támesis investigó a Mugerwa por conspiración similar a la de Mugambe, pero el Gobierno ugandés se negó a quitarle su inmunidad, impidiendo que se lo juzgara. Tras destaparse el escándalo, Mugerwa regresó a Kampala en septiembre de 2024 y ahora ocupa un puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uganda. Negó cualquier irregularidad y amenazó con acciones legales si su nombre se vinculaba al caso.