La noticia del presunto maltrato de Alberto Fernández a su pareja ha sido la puntilla para el político peronista y, probablemente, para el kirchnerismo en conjunto, que vive las que sin duda son sus horas más bajas.
Pero pese al impacto que ha tenido la denuncia de Fabiola Yáñez, lo cierto es que ha llegado cuando el expresidente ya se encontraba tocado y casi hundido políticamente, después de las revelaciones que se han venido haciendo sobre otro escándalo, en este caso de corrupción, que la Justicia investiga desde hace meses: el llamado caso seguros.
Tampoco se puede decir que la corrupción y el kirchnerismo fuesen incompatibles hasta ahora: la Justicia también ha condenado a varios años de cárcel a la propia Cristina Fernández de Kirchner por un saqueo que podría sobrepasar los mil millones de dólares y que estaba basado en la obra pública, que se encargaba a un empresario amigo a cambio de multimillonarias comisiones.
Pero Kirchner, más carismática y con toda la fuerza dentro del partido, hasta el momento había logrado en cierto modo sobrevivir políticamente, esperando a sus apelaciones judiciales que tardarán años en resolverse. Alberto Fernández no parece capaz de tal cosa y la gota de este inmenso caso podría desbordar el vaso de lo que, se demuestra ahora que era un régimen corrupto.
En qué consiste el caso seguros
El caso se inicia con un proyecto legislativo que desde el primer momento desprendía un aroma no precisamente a limpieza: el Decreto 823/2021 que obligaba a todas las administraciones pública a contratar todos sus seguros con la misma empresa: Nación Seguros, que es una compañía del Banco Nación, de titularidad pública.
La excusa para el decreto era favorecer a las entidades públicas, pero la realidad fue, como no podía ser de otra manera, que se creó un monopolio, no era posible contar con diferentes ofertas para los contratos y, encima, se facilitaba la participación de otras empresas y agencias de seguros pero en condiciones irregulares y sin la transparencia que debería exigírsele a un contrato público y con comisiones mucho más altas que las habituales –y legales– en el mercado.
Para que el asunto dejase aún menos dudas, en ese momento el presidente de Nación Seguros era Alberto Pagliano, amigo personal de Alberto Fernández y que, miren ustedes qué casualidad: ha visto su patrimonio multiplicarse por 2.000 durante la presidencia del kirchnerista: de 22 millones de pesos en 2020 a 446 en 2023.
Revelaciones periodísticas y judiciales
Como suele ocurrir en este tipo de asuntos, el escándalo arrancó a través de una serie de revelaciones periodísticas que llegaron a los juzgados a finales del pasado mes de febrero. Casi de inmediato el fiscal imputó al expresidente y poco después amplió la investigación a todo el periodo en el que este ocupó la Casa Rosada.
Pero en las últimas semanas las sospechas, por no decir las certezas, se han disparado: ya en este mes de agosto aparecieron en los medios, filtradas de la causa judicial, conversaciones entre la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, y su marido, Héctor Martínez Sosa, casualmente bróker de seguros, en las que se revela que la pareja se sirvió de su cercanía con el presidente para obtener contratos millonarios.
La secretaria llamó a decenas de funcionarios desde la propia Casa Rosada y su marido, que en los últimos años ha amasado una fortuna, estuvo en la Quita Olivos e incluso se reunió con Alberto Fernández en varias ocasiones, aunque esos encuentros se han omitido de la agenda oficial de la residencia presidencial.
Los contactos y la intermediación, de hecho, arrancan incluso antes de que Fernández ganase las elecciones. Ya en el poder las conversaciones incluso se habla del nombramiento de funcionarios para puestos clave, denominándolos "de los nuestros" y destacando que Pagliano, recordemos que era el presidente de Seguros Nación, "responde a Alberto".
Entre los contratos en los que, según se desprende de las conversaciones, la pareja había logrado comisionar estaba el de la Gendarmería Nacional, una de las fuerzas de policía del país. Las comisiones que se cobraron por este contrato llegaron al 15% y supusieron casi 1.400 millones de pesos. Martínez Sosa se habría hecho directamente con una quinta parte, según un testigo.
Además de las reuniones hay otras conversaciones que implican directamente a Alberto Fernández en el esquema de corrupción: en una ocasión su secretaria le dice que están arrebatándole algunos contratos a su marido, a lo que el entonces presidente respondió "ya me ocupo".
En este teléfono aparecieron también las conversaciones sobre los malos tratos que presuntamente recibía Fabiola Yáñez y que, al hacerse públicos, han llevado a ésta a presentar también la denuncia.