El expresidente argentino Alberto Fernández, ya imputado por el delito de lesiones graves y amenazas coactivas a su expareja, Fabiola Yáñez, ha vuelto a ser imputado por el fiscal Carlos Stornelli, quien considera que incurrió en el presunto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público durante la prolongación de la cuarentena de la pandemia de la covid-19 durante 2020 y 2021.
Según informa el diario Clarín, gracias a la denuncia presentada por Yamil Santoro, legislador de Republicanos Unidos y director general de la Fundación Apolo, se investigará al presidente por sus "posibles conductas delictivas" a la hora de extender "por razones indebidas" las restricciones. Tal y como remarca el fiscal en su requerimiento de instrucción a la jueza federal María Servini,
En este sentido, conforme surge de los escritos de denuncia incorporados, quien fuera ministro de Economía de aquella gestión de gobierno nacional, Martín Guzmán, habría señalado en el marco de una entrevista periodística que "(…) dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido" y que ello obedeció a motivos de conveniencia política, o una suerte de "bandera más política", ya que le estaba yendo "bien con la sociedad" y que "la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno". El nombrado incluso habría referido: "Entonces, por mucho tiempo era no, no, no se puede (relajar la cuarentena)".
Stornelli también ha ordenado solicitar a la OMS estadísticas sobre las medidas de otros países en lo que se refiere a la extensión y a la implicación en las libertades de los ciudadanos y pedir al actual Gobierno de Javier Milei documentación de posibles encuestas sobre la opinión de los argentinos respecto a este periodo.
Por su parte, el denunciante Santoro ha declarado que "no podemos permitir que las libertades de los ciudadanos sean manipuladas para fines políticos. Las decisiones que se tomaron durante la pandemia no solo afectaron gravemente la economía y la salud de los argentinos, sino que, según estos nuevos testimonios, fueron utilizadas como herramientas de marketing político". "Esto no es negligencia, es un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado", concluyó.
