La hija de Edmundo González denuncia "extorsiones" en "embajadas" y del "Arzobispado"

El domingo 8 de septiembre del año 2024 el opositor venezolano Edmundo González Urrutia junto a su esposa, Mercedes López, aterrizaba en España, en la base militar Torrejón de Ardoz, como asilado político. Allí les recibió la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, muy cercana a Pedro Sánchez. El candidato de Plataforma Unitaria Democrática había ganado las elecciones presidenciales en Venezuela pero el chavismo no iba a permitir el traspaso de poderes. El gobierno español presumió de "estar comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos", cuando en realidad estaba colaborando en un golpe a la democracia en ese país al impedir al legítimo ganador de las elecciones tomar posesión.

Ya en su día, González, de 74 años, denunció que dos mandamases del chavismo le obligaron a firmar, "bajo coacción y amenazas", una carta en la que reconocía la victoria de Nicolás Maduro. El enjuague se ofició en la embajada de España en Caracas. González declaró que el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero estuvo "muy involucrado" en todas las gestiones para quitárselo de en medio, que fue "el artífice de promover ese encuentro" en la legación diplomática.

Tres días antes de la investidura de Maduro, en enero de 2025, el régimen detuvo a su yerno, Rafael Tudares Bracho, que fue condenado a 30 años de prisión por conspiración y algunos delitos más.

El pasado 17 de enero y tras "374 días sin escuchar su voz ni tener una sola certeza" de su estado, el régimen permitió a la hija de Edmundo, Mariana González, verlo "apenas 25 minutos" "separados por un vidrio". Tudares estaba "visiblemente deteriorado, física y emocionalmente, tras más de un año de incomunicación y separación de sus hijos". Siempre defendió que es inocente, que se le están negando sus "derechos fundamentales" porque se trata de una "detención arbitraria y una desaparición forzada prolongada".

"Tres episodios de extorsión"

En un comunicado, firmado el 19 de enero, Mariana acaba de denunciar que ha sido "víctima de tres episodios de extorsión" que "se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (Embajadas)", en "espacios donde opera el Arzobispado", en alusión a la Iglesia venezolana, y "en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender derechos humanos", palabras que te llevan a lo que escribió en su día el ministro Albares. Que estas "extorsiones" provinieron "tanto de personas vinculadas a autoridades" de Venezuela, "como a personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar a organismos importantes". Continúa:

En los tres episodios hubo testigos presenciales, quienes escucharon íntegramente todo lo que se me dijo. En estos tres episodios se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa. Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismos de presión política y personas, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos.

En el mismo comunicado denuncia que el expediente judicial contra su marido es un fraude porque no "hay pruebas en su contra" y que el proceso es "arbitrario y amoral". Ni ella ni su abogado han visto el expediente. Reitera que "esa condena", de 30 años, "constituye una violación absoluta a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos".

La carta acaba con el grito, "Devuélvanme a Rafael" y con la necesidad de "pasar esta página y duro vía crucis que hemos vivido y padecido".