Las autoridades de Corea del Sur han suspendido el arresto del presidente destituido, Yoon Suk Yeol, por su intento fallido de instaurar la ley marcial y su rechazo a acudir a las citaciones judiciales, tras un enfrentamiento de varias horas entre los agentes y el personal de seguridad presidencial.
La agencia estatal anticorrupción ha informado de que ha detenido la ejecución de la orden a las 13.30 horas (hora local, 5.30 hora peninsular española), aproximadamente cinco horas después de que sus investigadores llegaran a la residencia presidencial para detener a Yoon.
"Hemos determinado que la ejecución de la orden de detención sería prácticamente imposible debido a la continua confrontación y hemos suspendido la ejecución por temor a la seguridad del personal en el lugar debido a la resistencia", señala un comunicado recogido por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.
El organismo, que tiene hasta el lunes para ejecutar la orden de detención, ha expresado su "profundo pesar por el comportamiento" de Yoon, que se ha negado a cumplir con los procedimientos legalmente establecidos.
A primera hora de la mañana, una unidad militar que actualmente está a cargo de la custodia de la residencia oficial y cuyo control recae en el Servicio Secreto bloqueó la entrada a los investigadores de la agencia estatal anticorrupción. Posteriormente, se enfrentaron durante horas con el Servicio de Seguridad Presidencial.
"Peleas" en la residencia del presidente
Según fuentes consultadas por la citada agencia de noticias, unos 200 agentes de seguridad estaban creando un muro, haciendo imposible la entrada. Además, había más de una decena de vehículos bloqueando el camino. Hubo "peleas físicas grandes y pequeñas", por lo que decidieron detener la operación por preocupaciones de seguridad.
Mientras, miles de simpatizantes del mandatario se habían reunido en las proximidades del edificio para oponerse a la medida y bloquear su arresto. Los presentes coreaban "orden judicial ilegal"
El equipo legal de Yoon ha calificado las órdenes de "ilegales e inválidas" y ha presentado una orden judicial contra su ejecución. Sin embargo, el organismo solicitó dicha orden después de que el jefe de Estado ignorara las citaciones dictadas para que compareciera por su actuación al decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.