El perfil del usuario que sigue un curso por internet es el de una persona de entre 30 y 45 años, con uno o más hijos a su cargo y que trabaja a jornada completa, que no tiene tiempo suficiente para ir a una universidad o centro de estudios y que se dedica al estudio en franjas horarias en las que no ha de atender directamente a la familia o a los hijos.
En opinión de Francesc Canals, "las grandes inversiones publicitarias no han servido para seducir a grandes grupos de población, ya que el público necesita tiempo y espacio para desarrollar una cultura del aprendizaje a distancia, un aspecto que no tiene connotaciones lúdicas como gestionar un e-mail o chatear y sí supone un cierto compromiso y obligación".
Canals ha indicado que este colectivo y el de los presos son sectores "potencialmente fuertes" para la expansión de la enseñanza por internet y ha destacado que sólo la UNED cuenta con 873 reclusos inscritos en el aprendizaje a distancia.
Ha citado también a la Fundación Autónoma Solidaria, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que tiene un programa de colaboración con la consejería de Justicia de la Generalidad mediante el cual diversos voluntarios acuden a las cárceles para ayudar con clases de refuerzo a los internos que siguen cursos a distancia.
Según el estudio, las empresas españolas consideran de mucha utilidad el e-learning y lo valoran de manera muy favorable, y, aunque el informe no especifica datos en este sentido, no lo aplican mucho por el momento.
Para evitar estafas en este sector del aprendizaje por internet, Francesc Canals ha aconsejado hoy a los usuarios "comparar precios de los cursos y no precipitarse, leer la letra pequeña de los contratos, pagar con tarjeta y no con transferencia bancaria y constatar que efectivamente quien ofrece un curso ofrece su razón social, teléfonos de contacto y NIF, ya que la ley obliga a ello".