L. D. / EFE.-
La auditoría de la entidad Gescartera Gestión recoge que las pérdidas registradas en el año 1999, y que ascendían a 36 millones de pesetas, hicieron que el patrimonio neto se situara por debajo del mínimo exigido por ley, lo que se considera causa de disolución de la empresa. Esta circunstancia obligó al presidente y mayor accionista de la entidad, Antonio Rafael Camacho, el principal imputado por el caso Gescartera, a acometer sucesivas ampliaciones de capital con objeto de restablecer el equilibrio patrimonial.
No obstante, desde el organismo supervisor se explicó que la auditoría de Gescartera Gestión es un documento público, por lo que el mercado podía estar al tanto de las circunstancias que atravesaba Gescartera Gestión, entidad que fue intervenida el pasado 15 de junio, al igual que ocurrió con la agencia de valores Gescartera Dinero.
Tras la intervención, el organismo supervisor sometió a la gestora de fondos de inversión a un exhaustivo examen, y concluyó que en las cuentas de esta entidad no existía ninguna anormalidad, a diferencia de la agencia de valores, donde se ha descubierto un agujero de unos 18.000 millones de pesetas.
Los problemas patrimoniales que sufría la gestora de fondos de inversión en 1999 obligaron a Antonio Rafael Camacho a acometer en solitario sucesivas ampliaciones de capital, que aumentaron su participación desde el 20 por ciento inicial hasta el 82,86 por ciento de la actualidad. El resto de accionistas decidió no acudir a estas ampliaciones, como es el caso de la Fundación Banco de Alimentos de España, que inicialmente tenía un 5,42 por ciento y ahora posee el 1,16 por ciento. El director general de la agencia de valores Link Securities, Rufino Gallego, pasó del 12,5 al 2,68 por ciento, Anibal Sardón -colaborador de Camacho que también aparece como imputado en el caso Gescartera- del 14 al 3 por ciento, y los herederos de José Camacho del 38 al 8,16 por ciento.
La auditoría de la gestora elaborada por Deloitte and Touche sí recoge los problemas patrimoniales que atravesaba en 1999, a diferencia de la auditoría que elaboró la misma firma sobre la agencia de valores, en la que no aparece ningún reflejo del agujero que sufría. Este hecho hizo que el Ministerio de Economía pidiera al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que analizarse el informe realizado por Deloitte acerca de la agencia de valores, para determinar si se ha producido alguna irregularidad.
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No obstante, desde el organismo supervisor se explicó que la auditoría de Gescartera Gestión es un documento público, por lo que el mercado podía estar al tanto de las circunstancias que atravesaba Gescartera Gestión, entidad que fue intervenida el pasado 15 de junio, al igual que ocurrió con la agencia de valores Gescartera Dinero.
Tras la intervención, el organismo supervisor sometió a la gestora de fondos de inversión a un exhaustivo examen, y concluyó que en las cuentas de esta entidad no existía ninguna anormalidad, a diferencia de la agencia de valores, donde se ha descubierto un agujero de unos 18.000 millones de pesetas.
Los problemas patrimoniales que sufría la gestora de fondos de inversión en 1999 obligaron a Antonio Rafael Camacho a acometer en solitario sucesivas ampliaciones de capital, que aumentaron su participación desde el 20 por ciento inicial hasta el 82,86 por ciento de la actualidad. El resto de accionistas decidió no acudir a estas ampliaciones, como es el caso de la Fundación Banco de Alimentos de España, que inicialmente tenía un 5,42 por ciento y ahora posee el 1,16 por ciento. El director general de la agencia de valores Link Securities, Rufino Gallego, pasó del 12,5 al 2,68 por ciento, Anibal Sardón -colaborador de Camacho que también aparece como imputado en el caso Gescartera- del 14 al 3 por ciento, y los herederos de José Camacho del 38 al 8,16 por ciento.
La auditoría de la gestora elaborada por Deloitte and Touche sí recoge los problemas patrimoniales que atravesaba en 1999, a diferencia de la auditoría que elaboró la misma firma sobre la agencia de valores, en la que no aparece ningún reflejo del agujero que sufría. Este hecho hizo que el Ministerio de Economía pidiera al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que analizarse el informe realizado por Deloitte acerca de la agencia de valores, para determinar si se ha producido alguna irregularidad.
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