L. D. / Agencias.
Según fuentes de este organismo, de las 35 citaciones cursadas, tres corresponden a clientes con inversiones superiores a los mil millones de pesetas y otras diecisiete superan los cien millones.
La Agencia Tributaria está comprobando la lista de clientes de Gescartera, sobre quienes efectúa lo que las citadas fuentes definieron como un "análisis de coherencia". Esto significa una comprobación de que las inversiones efectuadas a través de la agencia de valores son compatibles con los ingresos declarados a Hacienda.
Cuando de ese análisis se desprende que la inversión realizada es muy superior a los ingresos, se cita al contribuyente para que aclare esa disparidad y justifique la procedencia del dinero, sin que el hecho de pedir esta información prejuzgue que ha existido un engaño a la Hacienda Pública. La Agencia Tributaria tiene treinta inspectores dedicados a la comprobación de los datos fiscales de empresas y personas ligadas al caso Gescartera.
El límite de los 15 millones defraudados
Según informa el abogado Ramón Villota-Coullaut a la redacción de Libertad Digital, el problema tributario de los clientes de Gescartera tiene dos vertientes. Si las cuotas defraudadas no son superiores a 15 millones en una anualidad –ya sea haciendo el IRPF las personas físicas o el Impuesto de Sociedades en el caso de las personas jurídicas– el delito es sólo administrativo y los defraudadores han de pagar simplemente una multa. Pero si supera esa cantidad, el problema se convierte en penal.
De conformidad con el artículo 305 del Código Penal, puede imponerse una pena de prisión de 1 a 4 años de cárcel y una multa de hasta 6 veces la cuantía defraudada si ésta supera la cantidad de 15 millones en una anualidad. A su vez, el Código Penal prevé la posibilidad de que el contribuyente regularice su situación ante el fisco antes de que la administración tributaria le notifique el inicio formal de actuaciones de investigación, cosa que a día de hoy no se ha producido.
Lo único que la Agencia Tributaria está haciendo ahora es comprobar los datos obtenidos por Gescartera y los recogidos en las diferentes declaraciones tributarias de las personas físicas y jurídicas implicadas, con la idea de que ese dinero que puede no coincidir aflore “voluntariamente”. De no ser así, se supone que la Agencia Tributaria abrirá una investigación y, como se dice más arriba, si el dinero defraudado está por debajo de los 15 millones impondrá multas, pero si está por encima se abrirán procesos penales.
La Agencia Tributaria está comprobando la lista de clientes de Gescartera, sobre quienes efectúa lo que las citadas fuentes definieron como un "análisis de coherencia". Esto significa una comprobación de que las inversiones efectuadas a través de la agencia de valores son compatibles con los ingresos declarados a Hacienda.
Cuando de ese análisis se desprende que la inversión realizada es muy superior a los ingresos, se cita al contribuyente para que aclare esa disparidad y justifique la procedencia del dinero, sin que el hecho de pedir esta información prejuzgue que ha existido un engaño a la Hacienda Pública. La Agencia Tributaria tiene treinta inspectores dedicados a la comprobación de los datos fiscales de empresas y personas ligadas al caso Gescartera.
El límite de los 15 millones defraudados
Según informa el abogado Ramón Villota-Coullaut a la redacción de Libertad Digital, el problema tributario de los clientes de Gescartera tiene dos vertientes. Si las cuotas defraudadas no son superiores a 15 millones en una anualidad –ya sea haciendo el IRPF las personas físicas o el Impuesto de Sociedades en el caso de las personas jurídicas– el delito es sólo administrativo y los defraudadores han de pagar simplemente una multa. Pero si supera esa cantidad, el problema se convierte en penal.
De conformidad con el artículo 305 del Código Penal, puede imponerse una pena de prisión de 1 a 4 años de cárcel y una multa de hasta 6 veces la cuantía defraudada si ésta supera la cantidad de 15 millones en una anualidad. A su vez, el Código Penal prevé la posibilidad de que el contribuyente regularice su situación ante el fisco antes de que la administración tributaria le notifique el inicio formal de actuaciones de investigación, cosa que a día de hoy no se ha producido.
Lo único que la Agencia Tributaria está haciendo ahora es comprobar los datos obtenidos por Gescartera y los recogidos en las diferentes declaraciones tributarias de las personas físicas y jurídicas implicadas, con la idea de que ese dinero que puede no coincidir aflore “voluntariamente”. De no ser así, se supone que la Agencia Tributaria abrirá una investigación y, como se dice más arriba, si el dinero defraudado está por debajo de los 15 millones impondrá multas, pero si está por encima se abrirán procesos penales.