L. D. / Agencias.-
El fiscal anticorrupción Luis López Sanz posee una documento fiscal en el que figuran inversiones realizadas a nombre de Pilar Giménez-Reyna en el año 1998 por importe de 1.500 millones de pesetas. Aunque el documento no está incorporado a la causa, el fiscal lo mostró a Giménez-Reyna en el transcurso del interrogatorio efectuado en la Audiencia Nacional, en el que la presidenta de Gescartera Dinero negó tener conocimiento de estas inversiones.
El documento es una liquidación de Hacienda, modelo 198, en el que figuran operaciones realizadas a través de la sociedad gestora de carteras Gescartera, la mayor parte de compra-venta de valores en la misma jornada, a nombre de Pilar Giménez-Reyna.
Por su parte, la presidenta de la agencia ha declarado que Luis Ramallo , ex diputado del PP y vicepresidente de la CNMV, elevó a pública como notario una reunión de la junta de accionistas de Gescartera Dinero en la que se aprobaba su transformación en agencia de valores. Esta junta no se celebró nunca, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil, según ha informado la Cadena Ser.
El acta de esta supuesta reunión está fechada el 11 de febrero de 2000, pero no se registró hasta un año después, momento en el que Gescartera era ya agencia de valores. Ramallo también dio a conocer, el 5 de febrero de 2001, la decisión de José María Ruiz de la Serna de otorgar sus poderes en Gescartera a Antonio Camacho. En ese momento, tanto Ruiz de la Serna como Camacho estaban ya inhabilitados por la CNMV, que había puesto en julio de 2000 como condición para permitir la transformación de Gescartera en agencia de valores, que los dos dejaran sus cargos ejecutivos en la empresa. Esta situación era conocida por Ramallo, puesto que en julio de 2000 era vicepresidente de la Comisión.
Primera declaración
En la primera declaración de la hermana del ex secretario de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, celebrada el pasado 19 de julio, la presidenta de Gescartera quedó en libertad sin cargos, aunque la juez mantuvo su condición de imputada. Ese día, Pilar Giménez-Reyna dijo desconocer las irregularidades detectadas en la agencia, la existencia de dinero negro y el paradero del dinero desaparecido, además de señalar a los apoderados de la agencia de valores, Antonio Rafael Camacho y José María Ruiz de la Serna, como los únicos responsables en la gestión de la compañía.
Además, aseguró que, pese a su cargo como presidenta, no intervino en el gobierno de la sociedad ni en su administración, ya que no tenía ningún poder en la agencia, ni hacia operaciones con el capital de los clientes, ni suscribió contratos mercantiles.
Sin embargo, la documentación aportada a la causa y la declaración de varios testigos señalan a Pilar Giménez-Reyna como responsable de la captación de clientes de Gescartera, encargada de administrar algunas cuentas de grandes inversores y de negociar con la ONCE para que se convirtiera en socio institucional de la agencia. En concreto, Camacho, único encarcelado como consecuencia de las investigaciones judiciales, aseguró en su segunda declaración ante Teresa Palacios que la presidenta de Gescartera fue la encargada de canalizar la inversión de fondos de numerosas instituciones religiosas a través de la agencia.
El documento es una liquidación de Hacienda, modelo 198, en el que figuran operaciones realizadas a través de la sociedad gestora de carteras Gescartera, la mayor parte de compra-venta de valores en la misma jornada, a nombre de Pilar Giménez-Reyna.
Por su parte, la presidenta de la agencia ha declarado que Luis Ramallo , ex diputado del PP y vicepresidente de la CNMV, elevó a pública como notario una reunión de la junta de accionistas de Gescartera Dinero en la que se aprobaba su transformación en agencia de valores. Esta junta no se celebró nunca, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil, según ha informado la Cadena Ser.
El acta de esta supuesta reunión está fechada el 11 de febrero de 2000, pero no se registró hasta un año después, momento en el que Gescartera era ya agencia de valores. Ramallo también dio a conocer, el 5 de febrero de 2001, la decisión de José María Ruiz de la Serna de otorgar sus poderes en Gescartera a Antonio Camacho. En ese momento, tanto Ruiz de la Serna como Camacho estaban ya inhabilitados por la CNMV, que había puesto en julio de 2000 como condición para permitir la transformación de Gescartera en agencia de valores, que los dos dejaran sus cargos ejecutivos en la empresa. Esta situación era conocida por Ramallo, puesto que en julio de 2000 era vicepresidente de la Comisión.
Primera declaración
En la primera declaración de la hermana del ex secretario de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, celebrada el pasado 19 de julio, la presidenta de Gescartera quedó en libertad sin cargos, aunque la juez mantuvo su condición de imputada. Ese día, Pilar Giménez-Reyna dijo desconocer las irregularidades detectadas en la agencia, la existencia de dinero negro y el paradero del dinero desaparecido, además de señalar a los apoderados de la agencia de valores, Antonio Rafael Camacho y José María Ruiz de la Serna, como los únicos responsables en la gestión de la compañía.
Además, aseguró que, pese a su cargo como presidenta, no intervino en el gobierno de la sociedad ni en su administración, ya que no tenía ningún poder en la agencia, ni hacia operaciones con el capital de los clientes, ni suscribió contratos mercantiles.
Sin embargo, la documentación aportada a la causa y la declaración de varios testigos señalan a Pilar Giménez-Reyna como responsable de la captación de clientes de Gescartera, encargada de administrar algunas cuentas de grandes inversores y de negociar con la ONCE para que se convirtiera en socio institucional de la agencia. En concreto, Camacho, único encarcelado como consecuencia de las investigaciones judiciales, aseguró en su segunda declaración ante Teresa Palacios que la presidenta de Gescartera fue la encargada de canalizar la inversión de fondos de numerosas instituciones religiosas a través de la agencia.