Las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía no es el único escándalo que salpica a la Consejería de Empleo autonómica. La Cámara de Cuentas andaluza ha sido el último organismo en criticar la mala gestión del histórico feudo socialista. Hace dos semanas este organismo publicó un informe en el que analizaba el tratamiento de las ayudas al empleo otorgadas por el SAE (el Inem andaluz) en el año 2009. Estas ayudas alcanzaron la cuantía de 420 millones de euros y se distribuyeron a través de 25.377 expedientes.
Según informa el diario el Economista, una de las conclusiones de la Cámara es que desde la creación del SAE (en 2002) el organismo no dispone de un plan de actuación global que "contenga criterios, objetivos, indicadores de medición o previsión de recursos disponibles". También, asegura que el SAE se salta la ley general de Subvenciones de 2009 ya que "esos 420 millones, sin excepción, se concedieron sin competencia entre los solicitantes."
Refiriéndose al uso de fondos de Escuelas Taller y Casas de Oficios, el informe explica que "no existen criterios objetivos y baremados, aplicables en todas las direcciones provinciales, para realizar las propuestas de los proyectos incentivables y determinar el importe de la ayuda". Esto significa que las ocho delegaciones provinciales de Empleo actuaron por libre.
El documento alerta de los retrasos de la tramitación de las subvenciones. En concreto, a finales de 2011 sólo se han tramitado el 7,5% de las ayudas concedidas durante todo 2009. La Cámara resalta también que el SAE no ha implantado ninguna de las recomendaciones de mejora sobre las deficiencias detectadas" en un informe sobre el año 2004.