La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica, Teresa Ribera, sigue empeñada en controlar totalmente el proceso de fijación de precios del mercado eléctrico y quiere hacerlo a las bravas, directamente interviniendo el mercado, acabando con el pool y los contratos a largo plazo firmado por las grandes compañías generadoras de energía eléctrica y los consumidores particulares. Y esta vez lo ha hecho, para variar, sin acuerdo con los actores implicados.
Así se desprendió de lo comunicado este martes tras el consejo de ministros, cuando Ribera explicó que el Gobierno había aprobado su propuesta para intervenir el mercado eléctrico con la intención, dice, de reducir la volatilidad y huir de la sobreexposición a unos mercados diarios a intradiarios que, aunque continuarían existiendo, reducirían su peso en la formación de los precios a favor de los contratos a plazos.
Decía Ribera que "es posible que no tenga efectos inmediatos en los precios pero que poco a poco desplazaría la tendencia de contratar una inmensa parte de la energía en el mercado diario". Una matización no menor, ya que cuando se aprobó la famosa excepción ibérica, el instrumento para limitar los precios del gas en las subastas de energía eléctrica, el precio del kilowatio siguió disparado y hoy constituye un lastre en la factura de los consumidores, ya que el precio que se deja de pagar a los mayoristas, hay que compensarlo en la factura.
El diseño perfilado se basaría en un mercado de corto plazo- diario e intradiario- muy líquido y transparente, combinado con un mercado a plazo de energía y servicios de capacidad y flexibilidad, adaptable a las necesidades particulares de cada miembro.
La estructura prevé que el regulador contrate con las centrales inframarginales energía a largo plazo, mediante contratos por diferencias (CFD), a precio fijo y orientado a costes; e introduce mercados de capacidad para centrales que ofrecen capacidad firme o flexible.
Fuentes del Ministerio reiteran que no existe un plazo claro para la reforma, que se tramita por la vía ordinaria al ser una propuesta estructural, y añaden que, en este estadio, tampoco se puede hablar del posible impacto.
El catálogo de excusas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno es amplio. Dice Ribera que el actual sistema de formación de precios, y que ye está bastante intervenido, no estaría preparado para "situaciones de alta volatilidad ni para la penetración masiva de las energías renovables y recursos como el almacenamiento o la gestión de la demanda".
¿Y cómo pretende hacerlo la señora Ribera? Pues que sean los reguladores, es decir, el Gobierno, quienes determinen el precio de los contratos a largo plazo entre los generadores y los consumidores. Así evitarían, dicen, los beneficios extraordinarios y se repartirían los costes de forma equitativa.
Tales contratos los firma el regulador con cada uno de los adjudicatarios de las subastas y representan un compromiso por parte del promotor de suministrar cierta cantidad de energía durante un tiempo suficientemente largo.
A cambio, el sistema eléctrico, en nombre de los consumidores, se compromete a adquirirla, de modo que se cubre el riesgo de cantidad al productor a un precio fijo, contaban este martes los expertos del ministerio.
Si el precio en el mercado diario es más alto que el de ejercicio, la instalación renovable devuelve el exceso a los consumidores reduciendo el valor medio de esa hora; por el contrario, si es más bajo, es el sistema el que compensaría al productor renovable para que tenga asegurado los ingresos mínimos.
Así, España propone que se permita a cada Estado miembro establecer una retribución regulada de forma obligatoria para las renovables y también para las nucleares, una sugerencia que no encaja con la normativa comunitaria en vigor, por lo que habría que modernizarla.
En tanto que las tecnologías marginales -el gas, los mercados en los que siga existiendo carbón- continuarán yendo a los mercados diarios a vender energía sin perjuicio de que puedan establecer contratos a plazo con comercializadoras o consumidores finales.
Mercados de capacidad
El planteamiento, que advierte de que un mercado "sólo energía" no es el adecuado, se completa con la contratación en los mercados de capacidad, permitidos por la normativa comunitaria pero sólo como último recurso, de ahí su compleja tramitación.
Este mecanismo contempla varios diseños, desde reservas estratégicas, subastas de capacidad, opciones de confiabilidad y obligaciones descentralizadas, en función de las peculiaridades de cada Estado miembro.
La luz bajará un 50%
Como ya hizo cuando anunció que estaba preparando el famoso "tope del gas" el Gobierno dice que cuando este nuevo sistema de intervención estatal de precios entre en vigor, el precio de la luz bajará un 50%.
Sin consultar con el sector
El Gobierno ha aprobado esta propuesta en Consejo de Ministros sin consultar a ninguno de los actores del Mercado. Ni a las compañías encargadas de la generación, ni a los consumidores. Desde Transición Ecológica se aclara que el sector ya sabía que el Gobierno quería aprobar una reforma en este sentido, pero no se han sentado a negociar.