El gasto público no deja de disparar la inflación. El ritmo de crecimiento del gasto público crece a casi el doble de ritmo del privado disparando las tensiones sobre los precios, pero el PSOE sigue empeñado en buscar culpables externos, no vaya a ser que tenga que dejar de gastar por encima de las posibilidades fiscales de todos los contribuyentes privados que soportan con sus impuestos el derroche y el aumento de la deuda. Ahora le ha tocado el turno a la "reduflación".
Para el partido de Pedro Sánchez el problema no es que ellos hayan disparado la deuda en 404.182 millones de euros y los impuestos en más de 115.000 millones desde su llegada. No, el problema es que los supermercados, según ellos, meten menos producto en la misma bolsa de comidas o de cualquier otro elemento. El PSOE tiene un plan y se basa en lo siguiente:
- "Realizar, con la colaboración de las asociaciones nacionales de consumidores, campañas de información con objeto de que las personas consumidoras puedan reconocer las prácticas de reduflación y cómo pueden protegerse de ellas".
- "Obligar a las empresas a informar a las personas consumidoras, de forma clara, de cualquier disminución en el tamaño o peso de un producto cuando se mantenga un precio equivalente o superior".
- "Reforzar, dentro de las campañas de vigilancia del mercado, el control sobre la presentación de los productos que pueda inducir a error sobre la cantidad que contienen sus envases".
El partido de Sánchez señala que "la reduflación es un término utilizado en economía para describir una situación donde la cantidad o el tamaño de un producto disminuye, mientras el precio se mantiene igual o incluso aumenta". Y, "según un estudio publicado por la consultora IPSOS en noviembre de 2023, el 54% de las personas consumidoras en España han notado una reducción del tamaño de los productos en su compra cotidiana, principalmente en snacks, pan, pasta, arroz, dulces y comida precocinada".
Lo cierto es que toda la economía española se ha amoldado a una pérdida de poder adquisitivo: porque con Pedro Sánchez España ha sido el país con mayor pérdida de poder adquisitivo real en el periodo 2019-2022. "En el citado estudio, realizado en un total de treinta y tres países, 6 de cada 10 consumidores españoles ven esta práctica cómo inaceptable, lo que sitúa a España, entre los países europeos más críticos después de Francia (67 %), Suecia (63 %) y Países Bajos (61 %), que comparte porcentaje con España", señala desde el PSOE.
"En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada a finales del año 2022, la Comisión Europea señala que estas prácticas podrían suponer una presentación general engañosa del producto de manera que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio sobre el tamaño del producto, cuestión que podría ser contraria a la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, que prohíbe aquellas prácticas comerciales engañosas que provoquen o puedan inducir al consumidor medio a tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no habría tomado", subraya el PSOE.
Y para el partido de Sánchez, esa argumentación le da vía libre para poner bajo la lupa a supermercados y fabricantes. "No obstante, la legislación europea no limita la libertad de los comerciantes para fijar los precios al por menor o determinar el tamaño o la cantidad de sus productos, lo cual obliga a analizar cada caso en concreto para proceder a evaluar una posible vulneración de los derechos de las personas consumidoras", admite el PSOE.
"Este fenómeno, que afecta mayoritaria y principalmente a productos de primera necesidad que compramos cotidianamente, cuando el consumidor no está informado, constituye una maniobra fraudulenta basada en los hábitos de compra ya que el fabricante es consciente que el precio es determinante a la hora de decidir comprar un producto para la mayoría de los consumidores", sentencia el PSOE.