La corporación japonesa Itochu está a las puertas de conocer el resultado del procedimiento de arbitraje internacional que puso en marcha contra el Reino de España a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables. Las inversiones de la compañía nipona en dicho ámbito se vieron afectadas por los cambios regulatorios y fiscales que introdujeron los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, lo que motivó un litigio que echó a andar en 2018 y podría llegar a su fin próximamente, según fuentes conocedoras del caso.
Itochu es uno de los mejores ejemplos del tipo de grandes compañías que en Japón se conocen como sōgō shōsha, un término que alude a aquellos conglomerados que desarrollan un inmenso volumen de actividad a base de iniciar su operativa en todo tipo de sectores. Dentro de ese amplio paraguas figuraban las explotaciones de energía renovable que Itochu poseía en suelo español.
En su denuncia contra el Reino de España, Itochu ha estado representada por Cuatrecasas, así como por el bufete Nagashima Ohno & Tsunematsu, una de las cuatro mayores empresas del sector legal japonés. La denuncia invoca la cláusula de arbitraje internacional codificada en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y reclamó la celebración de dicho procedimiento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
Los tres integrantes del tribunal de árbitros encargados de estudiar la denuncia de Itochu son el alemán Herbert Kronke, el germano-irlandés Klaus Reichert y la italiana Loretta Malintoppi. Kronke participó como miembro del tribunal que dirimió el litigio de Antin contra España, un proceso que impuso una histórica condena al Reino por un valor de aproximadamente 100 millones de euros. Es precisamente el impago de esa indemnización lo que hizo que la compañía reclamase como compensación el embargo de la indemnización que debe cobrar nuestro país por la catástrofe del Prestige. Malintoppi también tiene bagaje en un caso similar, en este caso la disputa entre España y la alemana BayWa, que también salió vencedora en el procedimiento y vio reconocida una deuda de 22 millones de euros. Kronke ha sido elegido como presidente del tribunal, a través del consenso entre las dos partes. Reichert fue nombrado parte del tribunal a petición de Itochu, mientras que Malintoppi ocupa dicha posición tras ser designada por el gobierno español.
El CIADI comunicó recientemente que ha recibido ya la minuta de costas legales que deben referir ambas partes para dar el procedimiento por concluido y poder dictar sentencia. Por tanto, la reclamación de Itochu está cada vez más cerca de culminar en una decisión arbitral, que en caso de ser desfavorable resultaría en una nueva condena para el Reino. Con anterioridad, España ha sido derrotada en sus litigios contra Toyota y JGC, otras dos compañías del país del sol naciente que también sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables. De hecho, JGC ha hecho historia en su empeño por recuperar el dinero perdido, puesto que ha logrado que Estados Unidos reconozca la deuda de España y abra la puerta a embargar bienes de nuestro país.