El día 2 de enero de 2025 ha entrado en vigor el nuevo Decreto 1148/2024, con el que el gobierno de Javier Milei pretende establecer distintas restricciones que afectarán a las designaciones y contrataciones de personal en el sector público, con ánimo de "optimizar los recursos del Estado" y "mantener una plantilla adecuada a las estructuras y necesidades del sector público".
Bajo el nuevo paradigma, las distintas entidades que conforman el sector público argentino quedarán obligadas a cumplir una norma que obligará a despedir a tres empleados públicos por cada nuevo trabajador contratado por el Estado. Esta regulación se aplicará en cada área u organismo, de modo que, si por ejemplo es el ministerio de Economía el que quiere hacer una designación o contratación adicional, entonces deberá prescindir antes de tres empleados.
El proceso de ampliación de plantilla quedará asimismo sujeto a una capa adicional de aprobación y control, puesto que será el ministerio de Desregulación que dirige Federico Sturzenegger el que deberá dar su visto bueno, a través de una nueva instancia integrada en su Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.
Controles y eficiencia
Asimismo, el gobierno de Milei ha puesto en marcha una serie de pruebas y controles internos con los que pretende asegurar que los contratados por el sector público poseen las competencias básicas que requiere la función de su cargo. De entrada, el pasado mes de diciembre se convocó una primera ronda de exámenes a la que se tuvieron que presentar 9.000 funcionarios, mientras que en las próximas semanas se celebrarán nuevos controles en los que deberán participar más de 31.000 asalariados de sector público.
De momento, el gobierno ha acometido una reducción del personal del Estado, que pasó de 343.353 personas en noviembre de 2023 a 305.688 trabajadores en octubre de 2024, un descenso de 30.000 efectivos que podría ser mayor una vez se conozcan las cifras de noviembre y diciembre del pasado ejercicio. En paralelo, el gobierno redujo de 18 a 8 los ministerios y prescindió del 33% de los puestos superiores en la estructura del Estado.