La "agenda verde" está empobreciendo a Europa. Esa es la conclusión central que arroja un informe del think tank Fondapol en el que se advierte de "la deriva política" que ha llevado al Viejo Continente "de la transición energética a la burocracia ecológica". Los datos del estudio, centrado en el caso francés, ponen de manifiesto el notable encarecimiento de precios que están enfrentando los consumidores como consecuencia de las regulaciones promovidas por Bruselas y adoptadas por los países miembros de la Unión Europea.
El informe ha sido elaborado por los alcaldes de Cannes y Saint-Raphaël, David Lisnard y Frédéric Masquelier, quienes denuncian que la transición ecológica "ha derivado en un modelo administrativo inflexible que afecta notablemente al curso de la economía, la inversión y el desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos".
El estudio señala que la política climática "ha sido capturada por una burocracia ecologista expansiva". Desde la celebración de la cumbre COP21 en 2015, "el Estado ha centralizado las decisiones en materia de "transición ecológica y energética", imponiendo normas rígidas y sanciones que no toman en cuenta las realidades locales. Esta estructura, en lugar de incentivar la innovación y la inversión sostenible, ha convertido la regulación en un fin en sí mismo, ignorando sus nefastas consecuencias".
Los autores destacan que esta "burocracia ecológica" basa su actuación en introducir un sinfín de prohibiciones, restricciones y sanciones, en lugar de apoyarse en incentivos efectivos y tomar en consideración la libertad económica y las preferencias ciudadanas. Tal modelo "actúa sin una evaluación realista de los costos y consecuencias, lo que termina afectando a ciudadanos y empresas".
El informe de Fondapol subraya que la sobrerregulación en materia ecológica está teniendo efectos económicos severos y subraya que, en el caso de Francia, y desde 2015, "los costes de construcción han aumentado un 25% debido a la introducción de normativas medioambientales más estrictas". Asimismo, el informe apunta que, en la última década, "las restricciones en el ámbito energético han reducido la capacidad de recurrir a combustibles fósiles, encareciendo en un 35% la factura de la luz de los hogares".
La "burocracia ecológica" genera también "una sobrecarga de trámites para las empresas. Un informe del MEDEF, la patronal francesa equivalente a CEOE, estima que las empresas gastan 14.000 millones de euros anuales solamente en materia de cumplimiento normativo ligado a regulaciones medioambientales". Además, el estudio de los dos regidores destaca que "la regulación climática ha contribuido a elevar la tasa anual de inflación en 0,6 puntos debido a los costos trasladados por las empresas a los consumidores".
Otro de los problemas destacados por Fondapol se refiere al crecimiento de la judicialización de estos asuntos y la consecuente inseguridad jurídica. Según el estudio, "las ONG ecologistas utilizan el sistema judicial para frenar proyectos públicos y privados, aumentando la incertidumbre legal". La paralización de proyectos energéticos clave es ahora posible en base a demandas basadas en normativas "verdes" que resultan poco claras y brindan suficiente margen de maniobra para que estos grupos interfieran en los procesos y los paralicen y anulen.
Los autores del informe proponen una transición ecológica "basada en la descentralización, la flexibilidad normativa y el incentivo a la innovación tecnológica, en lugar de un enfoque punitivo". Abogan por "un modelo en el que la regulación medioambiental sea compatible con el desarrollo económico y la libertad individual". Advierten que, si no se reequilibran los objetivos, Europa seguirá lidiando con el estancamiento de la inversión y con movimientos de rechazo similares al impulsado por los chalecos amarillos, que tomaron las calles del país galo para protestar contra un aumento de la fiscalidad del diésel.
En definitiva, el informe concluye que la lucha contra el cambio climático no debe ser excusa para "sujetar a la economía europea a una burocracia ecológica incompatible con el crecimiento". Apuesta, pues, por "desarrollar medidas pragmáticas y sostenibles que permitan avanzar sin comprometer el crecimiento económico y la calidad de vida de los ciudadanos".