"Durante demasiado tiempo se ha entendido la vivienda como un bien de mercado donde los grandes especuladores han encontrado una fuente de enriquecimiento fácil. Han podido comprar y vender pisos sin ningún tipo de penalización mientras miles de personas han sido expulsadas del mercado u obligadas a vivir en condiciones indignas". Así arranca el texto del acuerdo suscrito entre el gobierno de la Generalidad de Cataluña y los Comunes, la facción catalana de Sumar.
En virtud de ese pacto, los considerados grandes tenedores (poseedores de diez viviendas o de cinco en las llamadas zonas tensionadas) pasarán de pagar el 10% en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales al 20%, tasa que se hará extensiva a la compra de edificios enteros. El acuerdo se produce después de que el Ayuntamiento de Barcelona, también gobernado por los socialistas, comprara un edificio del Ensanche de Barcelona, la casa Orsola, para evitar que su propietario convirtiera los pisos en apartamentos turísticos y de temporada.
El acuerdo fue presentado este jueves por la consejera de Economía de la Generalidad, la socialista Alícia Romero, y la jefa del grupo de los Comunes en el parlamento catalán, Jèssica Albiach. Ambas coincidieron en señalar que el espectacular incremento tiene como objetivo "frenar la especulación inmobiliaria" y han presumido de que a partir de ahora casos como el de la casa Orsola no serán rentables para sus propietarios.
La consejera socialista ha manifestado que la medida promueve una "fiscalidad más justa y solidaria" y ha destacado que "no tenía sentido que quien compraba una vivienda para vivir pagase lo mismo que quien la compra para hacer negocio". Albiach ha completado la explicaciones de Romero informando de que la Generalidad recaudará unos trescientos millones de euros con la subida del impuesto que se destinarán, según ella, a políticas para facilitar el acceso a la vivienda de la población con menos recursos.
El acuerdo forma parte del pacto de investidura entre el PSC y los Comunes y contempla también importantes bonificaciones fiscales para las víctimas de violencia machista tanto en el alquiler como en la adquisición de vivienda. En este caso, el impuesto de transmisiones patrimoniales será del 5%.
Estas medidas se plasmarán en un decreto que tendrá que aprobar el Parlamento catalán, para lo que se necesitará el voto de ERC.