A partir de este jueves, aquellos propietarios que quieran convertir su vivienda en un piso turístico lo tendrán más complicado. Aunque desde el año 2019 las comunidades de vecinos ya tienen potestad para limitar la actividad turística que se lleva a cabo en los edificios e incluso prohibirla, este 3 de abril entra en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que va más allá.
De acuerdo con la modificación de la disposición final cuarta de dicha norma, el interesado "deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios", exigiéndose para ello "el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación".
Además, se establece que "el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice la actividad del apartado anterior, sin que haya sido aprobada expresamente, la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes".
La reforma, en todo caso, solo será de aplicación para los nuevos pisos turísticos. Es decir, aquellos que ya estén en funcionamiento en estos momentos no tendrán que cumplir con estas exigencias que, según los expertos, no solo son innecesarias, sino que incluso podrían ser contraproducentes y no servirán para el propósito que teóricamente se persigue.
El debate de fondo
Según la justificación esgrimida en su día por el PSOE, "el incremento de viviendas de uso turístico ha provocado varios efectos no deseados". Entre ellos, citaba problemas "de convivencia y molestias", pero también "la reducción de vivienda para el alquiler residencial, el incremento de precios de los arrendamientos para vivienda habitual y en muchas ocasiones una progresiva gentrificación de muchos barrios".
Los expertos, sin embargo, creen que la solución no pasa por prohibir, sino por alentar la oferta de alquiler de larga duración. Además, advierten de que ahora ya existen cauces para solucionar esas molestias a las que apela el PSOE. "Para lo que realmente va a servir esto es para trasladar el problema a los vecinos y generar grandes tensiones", sentenciaba ya el verano pasado José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.
Lo que decía hasta ahora la LPH
Hasta ahora, el propietario podía decidir libremente convertir su piso en alquiler turístico y, a partir de ahí, si los vecinos consideraban que se estaban generando problemas, se podía llevar a la junta para "limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda".
"Hasta se pueden poner cuotas al número de pisos turísticos que puede haber en una comunidad de propietarios -aclaraba Zurdo a Libre Mercado el pasado mes de julio-. Y en caso de causar molestias, el presidente incluso puede ejercer una acción de cesación contra el propietario y contra el propio inquilino de ese piso turístico". Todo ello ya requería una mayoría de tres quintos, la misma que se exige ahora pero ya no para "limitar o condicionar", sino directamente para prohibir y, además, de forma previa a la aparición de cualquier tipo de problema, por lo que, tal y como advertía el presidente de la Agencia Negociadora del Alquiler "es probable que en muchas comunidades la cosa se complique".
Los dos errores del Gobierno
Sea como fuere, lo que los expertos del sector tienen claro es que este no es sino un ejemplo más de que la obsesión del Gobierno pasa por "intervenir todo": "No nos dejan ni respirar, pero es que, además, no se dan cuenta de que, en muchos lugares, los apartamentos turísticos son necesarios y, cuando nosotros vamos de vacaciones fuera, hay veces que también los buscamos".
El Gobierno está convencido, además, de que, con la limitación de los pisos turísticos, esa oferta irá al alquiler tradicional y los precios tenderán a bajar. Sin embargo, la realidad es que muchos propietarios se decantan por esta modalidad, entre otras cosas, para protegerse de la impunidad okupa, una lacra que el Gobierno sigue empeñado en minimizar.