El Gobierno ha logrado un aprobado raspado en el examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a la reforma de pensiones que aprobó el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Cabe recordar que el Gobierno se comprometió con Bruselas a llevar a cabo una reforma con el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema. Sin embargó, el plan de Escrivá no contemplaba ni una sola reducción del gasto para disminuir el agujero del Estado (de hecho, lo aumentaba) y optaba únicamente por subir los impuestos a través de varias fórmulas de incrementos de cotizaciones sociales.
Por tanto, desde su aprobación en 2023, una lista infinita de organismos y analistas han venido denunciando que la reforma de pensiones del Gobierno era irresponsable a nivel financiero, atacaba la contributividad del sistema y penalizaba todavía más a la economía productiva.
Sin embargo, el pasado mes de febrero tuvo lugar el primer intento del Gobierno para hacerse con el control del examen de la Airef a su reforma. El Ejecutivo de Sánchez publicó en el BOE los criterios clave que debería seguir la Airef para realizar su propia evaluación. Es decir, era el examinado el que le daba las instrucciones al examinador para llevar a cabo el análisis, lo que resultó escandaloso
Un ejemplo de estas instrucciones es que el Gobierno le imponía a la Airef que considerase la transferencia de los presupuestos públicos a la Seguridad Social como un ingreso del sistema: "Tendrá la consideración de ingreso del sistema de la Seguridad Social la transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social". Por tanto, teniendo en cuenta de que las transferencias del Estado pagan ya un cuarto del gasto en pensiones y que su uso por parte del Gobierno de turno supone un truco contable para reducir el déficit oficial del sistema de pensiones, considerar las transferencias como un ingreso estaría neutralizando el examen de la Airef.