La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmaba esta semana en el Senado que el Gobierno de Pedro Sánchez planea introducir cambios significativos en la Ley de Prevención Laboral, actualmente en fase de negociación con los agentes sociales. En concreto, mencionó la intención de modificar el umbral a partir del cual una empresa debe contar con servicios propios de prevención, situado hoy en 500 empleados.
Durante su intervención, Díaz adelantó su nueva persecución contra las empresas. Esta vez, el objetivo es que todas ellas, independientemente de su tamaño, cuenten con una figura delegada de prevención. Es decir, incluso aquellas con un solo trabajador en plantilla tendrán que contar con mínimo una persona para esta función, con los costes directos que esto supondría para el tejido empresarial más pequeño del país.
Según la propia ley, el servicio de prevención se resume en el "conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente".
El anuncio se produjo en respuesta a una pregunta de la senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, quien criticó que solo el 10% de las evaluaciones de riesgos laborales en España se realiza con personal propio, mientras que el 90% restante recae en servicios subcontratados externos, en contraste con la media europea que se sitúa de igual manera en el 90%, pero con servicios internos.
Bideguren subrayó además las dificultades de las pequeñas empresas para cumplir con los requisitos de prevención de riesgos laborales, debido tanto a la escasez de personal especializado como a sus limitaciones económicas, dijo. "El 60% de los accidentes laborales graves y mortales ocurren en empresas de menos de 25 trabajadores", apuntó, reclamando un mayor papel de la Administración.
Por su parte, Díaz reconoció que la privatización de los servicios de prevención "no es eficaz" y defendió la necesidad de modernizar la legislación vigente para hacer frente a la siniestralidad laboral. En 2024, un total de 796 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo. "Vamos a hacer que estos datos no puedan volver a pasar en España. Nadie puede morir en el puesto de trabajo en el siglo XXI", concluyó la ministra.